jueves, 24 de noviembre de 2011

Libertad de expresión y derechos humanos

La reciente carta del profesor de la Universidad Católica, Gonzalo Rojas, sumada a numerosas declaraciones acerca de lo justificado y positivo que puede haber sido el Gobierno Militar, ha suscitado que sectores que condenan abiertamente dicho régimen y a su política de violación a los derechos humanos pidan sanciones morales, incluso jurídicas. A esto, los partidarios de Pinochet y su gobierno responden con un ustedes hablan de libertad de expresión… ¿y dónde está NUESTRA libertad de expresión?.

En primer lugar, nadie está cuestionando ni coartando la libertad de expresión de alguien. En este país, uno es libre de apoyar o criticar a quien sea, sin siquiera exigírsele un mínimo de fundamento. Desde que hay democracia formal en Chile, nadie se ha visto impedido de decir sus creencias políticas, religiosas, filosóficas y futbolísticas. Prueba de ello ha sido que en nuestra cultura política han convivido los medios informativos del Partido Comunista y columnas como las de Hermógenes Pérez de Arce y el mencionado Gonzalo Rojas, sin que alguno de ellos haya sido censurado. Esto debe seguir siendo así, pues es parte de la diversidad de ideas que debe existir y de la expresión de nuestra personalidad que nos es vital.

En segundo lugar, el respeto de la libertad de expresión de uno también incluye el respeto de la libertad de expresión del otro. Si una persona piensa A, yo, que pienso B, puedo decirle que no estoy de acuerdo, que A está equivocado y que A está diciendo barbaridades. En ese sentido, ningún comentario es incuestionable y todos, dentro de la diversidad que existe, debemos aceptar que existe la posibilidad que nuestra opinión incomode e irrite a alguien, con o sin razón. Vivir creyendo que nuestras opiniones no generen consecuencias es, prácticamente, ignorar la sociabilidad de los seres humanos.

En tercer lugar, la libertad de expresión tiene como límite el respeto de los demás derechos. Así, yo no puedo tratar injustificadamente de ladrón a alguien, porque le afecto su honra; yo no puedo invitar seriamente a la gente a quemar La Moneda, porque afecto la seguridad nacional; y yo no le puedo pasar gato por liebre, porque afecto el comercio. En el caso de los señores Labbé, Rojas, algunos militantes de la UDI y muchos opinólogos de El Mercurio, al homenajear y justificar a una persona que está condenada a 144 años de cárcel por cometer crímenes de lesa humanidad, están haciendo una apología de dichos crímenes (o sea, que los alaban, les rinden honor, lo consideran algo bueno), negando una verdad judicial e, irónicamente, poniéndose al margen del Estado de Derecho que tanto dicen respetar.

Ahora bien, ¿qué medidas hay que adoptar para poder armonizar la libertad de expresión con una cultura de respeto a los derechos humanos?

Uno podría pensar, desde un concepto ilimitado de la libertad de expresión, que no corresponde tomar medidas y que la ciudadanía debe decidir con toda libertad a quién tener como alcalde y a quién leer los días miércoles. Sin embargo, tras 20 años de libertades políticas, aún no hemos sido capaces como ciudadanía de reprobar moralmente a aquellas personas que cometieron crímenes, existiendo aún un sector relevante de la ciudadanía que actúa, gobierna y educa como si nada, o como si algo loable, hubiese pasado. Lo peor es que hay jóvenes que vivieron poco y nada de la dictadura que alaban a la figura de Augusto Pinochet y justifican el actuar de la DINA o la CNI, con lo que se consolida la idea de una aceptación social en el tiempo de las políticas de persecución y asesinato en la dictadura.

Por esto, es razonable establecer un límite excepcional a la libertad de expresión. En varios países, por considerarse que la trivialización de un acto criminal como el genocidio vulnera la paz social, sobre todo en un contexto de reconciliación nacional, se ha calificado el negar o justificar un genocidio como el holocausto nazi, el genocidio armenio o el rwandés como delito. Por lo abiertas que están las heridas en Chile y por la insensibilidad de un sector relevante de la población en reconocer como verdad histórica y condenable la política de desapariciones, ejecuciones y torturas del Gobierno Militar, parece necesario legislar en la misma dirección.

Te lo dice,

R.F.S.K.



jueves, 10 de noviembre de 2011

La esencia del proyecto de reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas de Chile

La cuestión indígena, entendida como la definición de la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios, es uno de los pocos temas en que la democracia recobrada hace 21 años no ha logrado avances. Cierto es que hoy existe la intención de armonizar la existencia de los pueblos indígenas en la sociedad nacional, pero esta intención sólo se busca plasmar en lo estrictamente cultural, desconociendo la naturaleza política de dichos pueblos. Lo anterior se refleja en una Ley Indígena basada en el paternalismo estatal, en el desconocimiento del Convenio 169 de la OIT (que, entre otras cosas, consagra el derecho de los pueblos a ser consultados de manera de obtener su consentimiento para medidas que los afecten) como un instrumento vinculante y en un vago proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas, actualmente en discusión.

El Proyecto Refundido de Reforma Constitucional que Reconoce a los Pueblos Indígenas de Chile es fruto de un mensaje presidencial del Gobierno de Michelle Bachelet y de una moción iniciada por senadores de la Alianza por Chile. En resumen, propone (1) establecer la unidad, indivisibilidad y multiculturalidad de la nación; (2) reconocer la existencia de los pueblos indígenas, quienes tienen derechos especiales y colectivos meramente declarativos; (3) consagrar la costumbre indígena de acuerdo a la ley; (4) incorporar el factor étnico y racial en la garantía de igualdad ante la ley; y (5) elevar la existencia de la propiedad indígena a rango constitucional. El Presidente Piñera le puso urgencia durante la huelga de hambre de comuneros mapuches de 2010, pero hoy se encuentra paralizado en el Congreso.

Este proyecto es rescatable en dos aspectos. Por un lado, por primera vez se quiebra el principio liberal y etnocéntrico de “una nación, una cultura”, reconociéndose que la cultura chilena es el resultado de la interacción de varias culturas, dentro de las cuales la Constitución reconoce expresamente a la indígena. Por otro, se reconoce la existencia de una minoría que requiere de especial protección en razón de su postergación histórica y de la importancia que su cultura en peligro de extinción tiene para sus integrantes. Sin embargo, las modificaciones se quedan en la comprensión cultural del problema, sin avanzar hacia su proyección político-institucional.

Los pueblos indígenas son comunidades omnicomprensivas, es decir, son sociedades cuya cultura resulta determinante en la identidad de las personas, en su proyecto de vida y en la búsqueda del bien común. Si dicha cultura es ignorada o destruida, la autocomprensión de quienes pertenecen a ella se ve dañada, atentando contra el respeto por uno mismo y contra la dignidad. El reconocimiento constitucional de estos pueblos busca precisamente admitir el valor de estas comunidades para la realización personal de sus integrantes, pero cuando no se crean herramientas jurídicas que les permitan a las comunidades contribuir a dicha realización (potestades públicas, validez de su sistema normativo, mecanismos de participación, derechos culturales exigibles, etc.), los pueblos indígenas quedan reducidos al mismo asociacionismo privado en el que hoy se encuentran.

Además, reconocer una nación multicultural implica admitir que ella se encuentra compuesta de distintos modos de vida que deben dialogar para la determinación y búsqueda del bien común. Pese a ello, este reconocimiento de gran trascendencia no va acompañado de la institucionalización del diálogo intercultural como forma de solución de conflictos, lo que es insólito si consideramos que esta reforma es motivada por la violencia existente en la Araucanía.

Queda así a la luz una declaración de buena crianza, pero de poca utilidad práctica. Se valora todo aquello que los pueblos indígenas tienen de diferente, pero que no altere de modo alguno la institucionalidad política o el modelo de desarrollo. Se reiteran objetos de protección que hoy son susceptibles de tutela, pero usando la expresión “indígena” o “étnico-racial”. Todo esto viene a confirmar la escasa comprensión que existe en Chile sobre lo que significa pertenecer a un pueblo indígena, los temores infundados sobre terrorismo separatista que prevalecen en el discurso público y la nula intención de saldar la deuda que tenemos con el sector más históricamente postergado de nuestra sociedad.

Te lo dice,

R.F.S.K.



miércoles, 19 de octubre de 2011

El chiche nuevo de los honorables

El día de ayer, la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados informó que se licitará la adquisición de 120 iPad 2 para el nuevo soporte tecnológico de la Corporación. Estos dispositivos serán entregados en comodato (prestados) a los parlamentarios, pudiendo ellos aceptarlos o rechazarlos. ¿El costo de esta inversión? Se habla de unos 60 millones de pesos.

Por alguna razón, esta idea no ha sido bien recibida por la ciudadanía.

¿Cuál es el problema? ¿Los 60 millones? No, porque gastarlos en programas sociales no hace la diferencia. ¿Qué los parlamentarios tienen el sueldo suficiente para comprarse iPads? No, porque estos aparatos no son para llevárselos a la casa. El problema está en que se hace pasar por gastos necesarios y justificados, cosas que en realidad constituyen privilegios materiales.

La función parlamentaria requiere de ciertas excepciones y ventajas. Requieren de una dieta que los desligue de sus negocios. Requieren de un fuero para legislar sin temor a ser perseguidos. Requieren de asignaciones y viáticos para poder cumplir la representación de sus distritos. Sin embargo, todo lo anterior requiere una cierta adecuación a la realidad nacional, de modo que el servicio público sea un trabajo profesional y no una fuente de enriquecimiento. Cuando la realidad de muchas escuelas es la falta de herramientas computacionales básicas, cuando en vastos sectores del sur no existe siquiera señal para celulares y cuando nos hace falta un mejor sistema de información en caso de desastres naturales, la compra de 120 iPads es un despropósito.

Además, la función parlamentaria es esencialmente representativa. El senador o diputado debe interpretar el sentir de su comunidad y manifestarla mediante su trabajo y voto. Para que esta interpretación se haga con fidelidad, se necesita un cierto grado de empatía, de ponerse en el lugar de otro, de entender la realidad que requiere de su acción. Cuando la vida política es una vida de lujos, como el iPad (aunque no sean de su propiedad) o el uso de choferes, y despilfarros, como el mal uso de los pasajes de avión, las decisiones se toman desde una realidad muy distinta, la que no siempre reconoce la existencia de necesidades en el otro.

Por último, si es que ustedes son de los que creen que los políticos requieren estar en el Olimpo para una mayor claridad mental a la hora de decidir, fíjense bien en el mérito que hacen nuestros parlamentarios para ganarse su iPad: baja asistencia a las votaciones, algunos no presentan proyectos, irregularidades en el uso de las sedes distritales, no todos cumplen con una adecuada comunicación con sus votantes, etc. Si eso aún no le basta, la gente hoy pide fórmulas plebiscitarias para resolver conflictos sociales pura y exclusivamente porque el Congreso no hace su trabajo. En un contexto de irregularidades e inoperancia, es dudoso que un iPad o mayores beneficios sean justa retribución o ayuden a una mejor gestión.

Hace 87 años, ocurrió algo similar, pero en condiciones más extremas: cuando Chile tenía una crisis económica y urgía la necesidad de leyes sociales, el Congreso de aquél entonces sólo pudo ponerse de acuerdo para crear una dieta parlamentaria. La inoperancia y la insensibilidad social de los parlamentarios motivaron a sectores de las Fuerzas Armadas, quienes se encontraban dentro de los postergados, a actuar en lo que se conoce como el ruido de sables. Estamos lejos de esta situación, pero el hecho que el Congreso decida diligentemente sobre un iPad y no sobre la educación o la salud es algo más que anecdótico: es una muestra de la actual crisis de nuestra política.

Te lo dice,

R.F.S.K.



miércoles, 12 de octubre de 2011

Así es la cosa...

Luego de casi 6 meses de movilizaciones estudiantiles y acercándonos al fin de un año que ha visto a (no voy a caer en el relativo juego de la mayoría y la minoría) muchísima gente en las calles por causas que la institucionalidad pública no ha sabido recoger, nos encontramos en un limbo político: tenemos a un movimiento ciudadano de dimensiones desconocidas en los últimos 20 años y que resultará determinante en los próximos 20, pero que carece de estructura y conciencia política; tenemos a la oposición más disminuida y desunida de los últimos 20 años, pero que es la única con representación electoral y estructura política; y tenemos al gobierno más impopular de los últimos 20 años, pero que por los errores de su competencia es posible que siga en el poder.

Los indignados de Chile son quienes están más en el limbo. Se trata de un grupo que ni siquiera tiene conciencia de ser algo distinto a los grupos representados en el Congreso y que no asume con convicción que existe un punto de encuentro entre ecologistas, estudiantes, indígenas, trabajadores y otros. Quizás saben que sus intereses son tan diversos que es muy difícil articular un discurso en común con aspiraciones de poder. Sin embargo, es necesario que se den cuenta que este gobierno no va a ceder a sus presiones y que quienes antes fueron gobierno aún carecen de la credibilidad y moralidad para representar sus inquietudes. Por esto, no puede descartarse la posibilidad de unir, aunque sea instrumentalmente, a todos los indignados en un movimiento político-electoral. En lo personal, creo que todas las reivindicaciones que se han manifestado este año solicitan más democracia, más libertades civiles y un mayor rol tutelar del Estado en la economía, todo lo cual permite articular un proyecto político de largo plazo. Es cosa que se sienten a conversar todos, se crean el cuento que son un movimiento y asuman con responsabilidad la confianza que existe en él.

La Concertación tiene el plato servido, pero para comérselo requiere de un esfuerzo que no está dispuesta a realizar. Digámoslo de una vez por todas: los indignados chilenos son mayoritariamente gente de la Concertación, gente desilusionada con la Concertación y gente que jamás votaría por la derecha. Por esto, la Concertación tiene la primera opción de representarlos. El problema ocurre que muchas de las protestas van directamente en contra de errores cometidos por la Concertación, por lo que ésta debe recuperar la confianza perdida. ¿Cómo hacerlo? Mediante un reconocimiento de dichos errores, un replanteamiento programático con énfasis en la participación ciudadana y el bienestar social y un cambio de liderazgo que simbolice una nueva etapa. Sin embargo, los 4 presidentes siguen tratando de recuperarse del trauma de la derrota y aún sacan cálculos de cómo ganar en 2013 sin tener que realizar discusiones que saquen ronchas entre sus partidos o sacrificar vacas sagradas en pos de un nuevo proyecto de sociedad. Parece que la alegría no sigue más, aunque nunca se sabe lo que pasa bajo el arcoíris, sobre todo si pensamos que en el pasado cooptaron a líderes de protestas.

La Coalición por el Cambio es el grupo que más claro tiene cómo actuar. Ante un bajo apoyo en las encuestas y conscientes del bajo apoyo de sus opositores, lo ideal para ellos es recuperar aquellos valores constitutivos de la derecha que les permita cuadrar a su 40% histórico: el orden, la disciplina, la libertad económica y el discurso del bien y el mal. El más claro ejemplo lo encontramos en el proyecto de ley antitomas: sancionarán con mano dura a quienes ejercen irracionalmente la violencia contra las personas de bien y quienes no apoyan esta iniciativa es porque amparan la delincuencia y la mala educación. Puede que les vaya bien con esa estrategia; al menos salvarán el período presidencial dentro de los suyos y, quizás, eso les permita la reelección si la Concertación sigue autocomplaciente y si los indignados no se ponen los pantalones políticos.

¿Conclusión? 2012 es EL año

Te lo dice,

R.F.S.K.



viernes, 26 de agosto de 2011

2011: Odisea constitucional

Una constitución exitosa es aquella que resuelve mediante mecanismos institucionales los conflictos que se le presentan. Fórmulas para ello hay varias, como el federalismo, el parlamentarismo, los mecanismos de democracia directa como el plebiscito y la iniciativa popular de ley, la determinación de cargos de elección popular, etc. Sin embargo, de poco o nada sirve si la ciudadanía no tiene conciencia constitucional, es decir, el conocimiento de los principios y normas fundamentales y la voluntad de actuar conforme a ellos. Podríamos decir entonces que una constitución es satisfactoria si los ciudadanos a los que se dirige saben lo que pueden hacer legítimamente en una situación adversa, creen en las instituciones reconocidas y aceptan las soluciones que pueden generarse. Ésta es la clave del éxito de constituciones como la de Estados Unidos, que ha sobrevivido más de 200 años y con pocas reformas, y la de Alemania, que respondió adecuadamente a la reunificación de dos realidades sociales y políticas diametralmente opuestas.

En la actualidad, existe en Chile un estallido social cuya magnitud no es posible de mensurar todavía, pero al manifestarse en la imposibilidad de un diálogo entre gobierno y sectores de la ciudadanía y en la inactividad del Congreso como institución tradicional de la deliberación política, es necesario plantearse si la Constitución ofrece espacio para una solución al conflicto.

En primer lugar, los conflictos políticos en Chile son resueltos en un sistema de checks and balances con un presidencialismo exacerbado, con un poder legislativo cuyo sistema electoral no favorece la formación de mayorías y donde la escuálida mayoría no puede legislar incluso en ámbitos infraconstitucionales y en el que la última palabra la tiene un tribunal constitucional que tiende al empate y a las preferencias políticas argumentadas jurídicamente. En este esquema, la ciudadanía sólo participa en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Si la ciudadanía no está conforme con el producto sumamente consensuado del sistema político, no puede hacer más que hacer uso de su libertad de expresión y de su derecho de reunión, lo que no es siempre bien considerado por la autoridad.

En segundo lugar, los niveles de confianza en los políticos y en las instituciones son permanentemente bajos. Ya no es sólo la crítica al origen ilegítimo de la Constitución o al sistema binominal, sino también a la reputación de los políticos y al clientelismo de los partidos. Si además consideramos que la democracia de los acuerdos, esa que aseguró gobernabilidad durante los años ’90, no ha sido capaz de legislar favorablemente sobre las reivindicaciones ciudadanas (educación, medio ambiente, salud, etc.), la ciudadanía percibe que su gobierno y sus representantes se encuentran desconectados de sus intereses, por lo que prefiere intervenir informalmente en el conflicto en lugar de confiárselo a ellos.

Por último, la institucionalidad constitucional, a pesar de dos intentos considerables de ser transformada, sigue obedeciendo a una ideología en particular, pues sus valores fundamentales se mantienen inalterados. Durante muchos años, el resultado del juego político fue aceptado por ambos actores principales, ya que la derecha contaba con un seguro normativo y la Concertación se limitó a respetarlo en pos de la gobernabilidad. Hoy, estando la derecha en el poder, la Concertación no tiene el mismo sentido de responsabilidad para mantener el sistema político, sumándose un buen sector de sus adherentes a quienes han cuestionado siempre la Carta de 1980. Como la propia Constitución y la cultura creada en torno a ella no genera aceptación ni siquiera en los propios representantes políticos, no es posible considerar que plantee soluciones que sean respetadas por mayorías y minorías.

En conclusión, la Constitución no es base de la solución, sino parte del problema. Habiendo un gobierno que se niega a hacer reformas sociales sustanciales y una sociedad que protesta y presiona por dichas reformas, el sistema político se encuentra entrampado por el mínimo rol del ciudadano en la democracia, por la desconfianza en la política y por el rechazo a sus reglas. Queda esperar que una de las dos partes ceda, pero en lugar de resolver el conflicto, lo deja avanzar y crecer como una bola de nieve. Otra posibilidad podría ser una nueva Constitución, pero eso es tema de otra columna...

Te lo dice,

R.F.S.K.




jueves, 11 de agosto de 2011

#Chilequiereplebiscito (Una solución pacífica al conflicto educacional)

Ante la propuesta del movimiento estudiantil y apoyada por sectores progresistas de la Concertación (PS, PPD, PRSD), de celebrar un plebiscito para solucionar el conflicto por la educación, han surgido dos críticas importantes: la primera, proveniente de Carlos Larraín (RN), quien señaló que le tiene terror al plebiscito por tratarse de una solución subversiva en el contexto actual; la segunda, planteada por Jorge Correa Sutil (DC), que expresó que un plebiscito constituye una renuncia a la mediación del Congreso en los conflictos sociales y a la búsqueda de acuerdos que representen al país.

La primera crítica refleja una forma moderna del despotismo ilustrado, en que la ciudadanía sólo aporta su voto para legitimar al representante, pero queda excluida para aportes posteriores que se relacionen con la construcción y revisión de las decisiones de éste. En la crítica de Larraín, hay una visión aristocrática de la política, donde hay una minoría capacitada para gobernar conforme al bien común y una mayoría de escasos conocimientos y que decide egoísta y visceralmente. Por esto, el plebiscito es una intromisión peligrosa del vulgo en una decisión que exige serenidad y sabiduría, sobre todo si el conflicto educacional involucra el gasto público y el proyecto de sociedad.

La segunda crítica apunta a la protección de nuestra tradición republicana basada en la democracia representativa. Existe una institución, el Congreso Nacional, que concentra el conflicto entre posiciones políticas representativas de la ciudadanía y que lo resuelve de forma meditada y conciliadora. Sólo excepcionalmente se puede recurrir a la ciudadanía para la resolución de dicho conflicto, esto es, cuando no hay Congreso (y así ha sido en los 4 plebiscitos celebrados en nuestra historia). Recurrir al plebiscito reflejaría una desconfianza en la naturaleza del Congreso y una desidia por parte de los propios representantes de cumplir con sus funciones. Además, Correa Sutil plantea la dificultad que conlleva la elaboración del voto para decidir sobre una materia tan compleja como la educación.

El problema de ambas posiciones es que ninguna de ellas se hace cargo de la crisis de confianza que existe en las instituciones políticas, defendiendo la rígida democracia representativa que tenemos en Chile como un dogma en lugar de favorecer la incorporación de la ciudadanía en la labor legislativa. Precisamente, uno de los factores para los estallidos sociales de este año ha sido el mal funcionamiento de la democracia representativa, pues sectores importantes de la población han optado por la protesta ante la imposibilidad de influir en la modificación de decisiones impopulares, adoptadas sin mayor consulta a la ciudadanía. El conflicto educacional es el mejor ejemplo de esto, pues el actual movimiento estudiantil se debe a que las reivindicaciones de 2006 fueron mal respondidas por el consenso político que dio origen a la Ley General de Educación, aportando una frustración más que una solución.

Si realmente queremos proteger la institucionalidad republicana, debemos admitir con humildad que ésta es susceptible de falencias y que, para suplirlas, existen mecanismos de democracia directa que podemos emplear, por más extraños que nos resulten. En este sentido, el plebiscito permite llegar a un acuerdo nacional sancionado por todos, ya sea porque un amplio sector de la población considera que sus representantes están tomando decisiones contrarias al bien común o porque el propio legislador estima necesario consultar a la ciudadanía en materias de suma importancia. No sustituye al legislador, sino que complementa su labor en situaciones excepcionales, como puede serlo un conflicto en que el gobierno y parte de la ciudadanía no ceden en virtud de considerarse a sí mismas como representantes de la mayoría.

Otras críticas comunes al plebiscito son temores infundados. La gente que vota en el plebiscito elige con la misma sabiduría a sus representantes, por lo que el terror de Larraín es al sufragio universal. Quienes confeccionan el voto en el plebiscito redactan leyes de igual o mayor complejidad, por lo que la crítica de Correa Sutil es a la capacidad legislativa. Se las atribuyo más bien a lo desconocido que es el plebiscito para nuestra mentalidad política, pero no debemos dejar que ésta nos impida reconocer su finalidad positiva, la cual es ampliar el espectro de la institucionalidad política para la resolución pacífica y satisfactoria de conflictos sociales.

Te lo dice,

R.F.S.K.



domingo, 7 de agosto de 2011

Sobre el diálogo

Diálogo. Eso es lo que hoy piden los adherentes del gobierno y las personas que sienten aversión por todo tipo de movilización ciudadana. Lo hacen en pos del fin de la violencia innecesaria hacia Carabineros, del respeto al Estado de Derecho, del derecho a estudiar de quienes no están de acuerdo con las tomas y de la paz social. Apoyan las expresiones vertidas por el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, de que se acabaron las marchas y enfatizan una buena disposición por parte del Presidente Piñera y del Ministro de Educación, Felipe Bulnes.

Una persona exacerbada se dedicaría a derribar cada una de las afirmaciones anteriores y diría que todo es una farsa porque viene de gente de derecha que apoya la represión, que está muerta de miedo y que quiere salvar a su gobierno del 26%. Sin embargo, pensemos que hay buena fe y disposición de parte de este sector de la ciudadanía y del gobierno...

En primer lugar, el diálogo requiere que se admita la existencia de dos posturas distintas y conflictivas. ¿Por qué? Porque no todos queremos lo mismo, ya que cuando unos entienden paz social como la libertad individual amparada por el Estado de Derecho, otros la entienden como la adecuada distribución de la riqueza regulada por el Estado de Derecho. Porque no todos tenemos el mismo grado de confianza en la institucionalidad política, pues unos no la cuestionan y presumen que todos la aceptan, mientras que otros creen que es la raíz del descontento y pretenden que se construya democráticamente. Además, sumémosle que el gobierno detenta un tremendo poder coercitivo y que está especialmente llamado al respeto de los derechos humanos, mientras que los movilizados están limitados tanto en su participación democrática como en el ejercicio de sus derechos. Entender que esto se resuelve en familia y con invitaciones con té y galletas no es base para ningún diálogo: es paternalismo y subestimación.

No sólo debemos aceptar que el diálogo es entre unos y otros, sino también reconocer que unos y otros son valiosos en la construcción de un resultado conjunto. ¿Por qué? Porque el debido reconocimiento de un grupo le permite a éste adquirir respeto por sí mismo y actuar en sociedad sintiéndose parte de ella, existiendo así un plano común entre la parte dialogante hegemónica y el grupo con menor poder. Por el contrario, si hay un discurso de negación por parte del Estado hacia los estudiantes, si hay un trato delincuencial, si no se les destaca sus capacidades, los movilizados se sentirán excluidos, menospreciados y eso generará a la larga un daño que puede desestabilizar una relación armónica. Entender que el reconocerle validez al movimiento estudiantil es señal de debilidad gubernamental no es base para ningún diálogo: es soberbia y necedad.

Por último, para que haya diálogo debe existir confianza entre las partes, esto es, esperanza en la otra persona para llegar a un resultado que ambos puedan aceptar. ¿Por qué? Porque es la esfera necesaria para que el valor que se le reconoce al otro pueda expresarse y conjugarse recíprocamente con el de uno. Un ambiente de confianza favorece las concesiones y las ayudas complementarias y reduce la posibilidad de conflicto, pues existe en ambas partes la convicción que el producto de su acuerdo va a ser bueno. El gobierno, en este punto, goza de una presunción de confianza, pues ejerce la soberanía y la institucionalidad está construida en torno a su confianza, lo que no quita que deba ser respetado de hecho por los estudiantes. Entender que el movimiento estudiantil está politizado por el comunismo y que son una minoría de desadaptados por el que se justifica el uso de la fuerza no es base para ningún diálogo: es paranoia y violencia.

Entonces, ¿es posible, de acuerdo a las condiciones actuales, el diálogo que tanto se necesita? Puede haber negociaciones entre sordos o lograrse un resultado con grupos estudiantiles amedrentados y disminuidos por sus impericias o por el mismo gobierno, ¿pero un acuerdo nacional fruto de un diálogo fecundo? La respuesta es no.

Si queremos encontrar una solución conjunta, debemos recurrir a un espacio que le asegure a todas las partes identidad, reconocimiento y confianza: el plebiscito. ¿Aceptarán este diálogo el gobierno y sus adherentes?

Te lo dice, deseándote un feliz día del niño,

R.F.S.K.



sábado, 6 de agosto de 2011

Lugares comunes post-4 de agosto (incluye sugerencias)


Viendo tele, leyendo el diario, tanteando redes sociales y conversando con amigos, me he percatado de los siguientes lugares comunes:

1. Sí a la reforma educacional, no a la revolución comunista: Digno de la Guerra Fría. Es verdad que los dos guaripolas del movimiento por la educación son comunistas, uno estando de sobra. Sin embargo, se olvidan que este movimiento va mas allá de esas dos personas e incluso de la CONFECH, los secundarios y el Colegio de Profesores. Muchos participamos de este movimiento ciudadano sin ser comunistas ni estudiantes y lo hacemos porque es lo que hay que hacer. El día que el movimiento sea utilizado con fines personales o de un partido, se acaba. Y eso lo saben todos, incluido el comunismo.

Sugerencia: Apoyen el movimiento igual. Si en verdad temen que le coman a sus guaguas o que les canten El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, armen su propio cuento y juéguensela, pero no se queden de brazos cruzados porque eso los convierte en conformistas.

2. Reformemos con educación y no con política: Evidencia de lo nefasto que ha sido el gremialismo (UDI, UDD, LyD, PUCCh). Si yo quiero desmunicipalización/estatización, es una opción política. Si yo quiero privilegiar el derecho de los padres a elegir, es una opción política. Si quiero contenidos mínimos en los colegios, es una opción política. Si quiero subir los impuestos para tener más fondos para educación, es la madre de las opciones políticas. Si quiero regalar vouchers y dejarlo todo en manos de privados, es la opción política al cuadrado. ¿Y si me gusta todo como está y creo que los pendejos están puro hueveando y que hay que sacar a los militares a la calle? ¿Es amor? Lamento contarles que es de las peores opciones políticas.

Sugerencia: No den la cacha, quédense calladitos y trabajen tranquilos. El país funciona mejor con ustedes en sus pegas que con ustedes en política.

3. No se llega a ningún lado tirando piedras: Ingenuidad, ceguera y prejuicio a la orden del día. Ingenuidad porque se pretende creer que lo que no se cambió en 9 años de dictadura (desde 1981) y en 21 de democracia, se puede cambiar con la buena voluntad de una gobierno que no cree en la solidaridad ni en la dignidad humana de los nacidos vivos. Ceguera porque no consideran que hay violencia en un sistema educacional fundado en la selección natural y en la segregación social y que esa violencia sólo engendra más violencia. Prejuicio porque hay un trato delincuencial, a partir de hechos aislados, a todo un movimiento basado en la libre expresión y en el ejercicio democrático.

Sugerencia: Insulten a un cualquiera, denígrenlo, háganle sentir que siempre va a ser un perdedor y que ustedes no se juntan con rotos como él. Si les responde con un cornete en el hocico, sabrán entender a los estudiantes.

4. Vuelvan a clases que no dejan trabajar a la gente honesta: Muestra del egocentrismo chilensis. En nuestro país cada día más individualista, muchos viven su vida no importándoles nada y sólo reaccionan si les molestan en su metro cuadrado. Si hay pobres, una pena. Si atropellaron a alguien, no es pariente mío. Si hay problemas en el grupo de trabajo, no me metan. Si el sistema educacional es injusto, todos mis hijos salieron de la universidad. Pero si no me dejan llegar a la pega o escucho cacerolazos, déjenme vivir, lo otro es problema suyo. Caso especial el de los que sufren destrozos, porque ellos pueden, como todo chileno, recurrir a los tribunales en contra de los responsables o solicitar protección, pero no por ello van a coartar el legítimo derecho a reunirse pacíficamente.

Sugerencia: Inviertan en propiedades insulares de Chiloé y Aysén. Además de tener respaldo para una eventual crisis económica, se liberan de la carga odiosa que es para ustedes la sociedad.

5. La marcha del jueves era innecesaria: Gente de poca fe. ¡Imagínense si a los seguidores del Mahatma Gandhi o si a los checoslovacos en la Revolución de Terciopelo (que protestaron 15 días seguidos para derrocar al régimen comunista de entonces) se les hubiera ocurrido decir la marcha del jueves es innecesaria! Este sistema político no permite que la ciudadanía pueda recurrir a otros medios que no sean la protesta (no hay plebiscitos ni consultas y los congresistas representan a partidos, no a ciudadanos). Cuando esa es la realidad, hay que ser perseverantes y saber no abusar de la confianza que la gente deposita en la causa. El jueves, sobre todo después de las amenazas de Rodrigo Hinzpeter, era un día en que el gobierno perdió credibilidad y que el movimiento debía ganársela, por lo que había que marchar y cacerolear. No haberlo hecho y no seguir haciéndolo en los próximos días es confiar en un juego político que no se lo merece.

Sugerencia: Crean en este movimiento. A diferencia del fiasco de 2006, los cabros no se están vendiendo. Podrán cometer errores y podrán atraer mala junta, pero es responsabilidad de todos los que queremos que de una vez por todas se resuelva la crisis educacional que esta justa causa se mantenga viva y que no muera en manos del olvido y de esa política que nos da asco.

Te lo dice,

R.F.S.K.



miércoles, 27 de julio de 2011

¿Quieren mejor democracia? ¡Reformen el reemplazo parlamentario!

El reemplazo parlamentario es un mecanismo constitucional que dice mucho de la democracia de un país. Se trata de una forma excepcional de regular el poder soberano conferido al Congreso, de modo que conserve su naturaleza representativa. Una democracia amplia buscará una forma en la que la soberanía popular se vea respetada, al menos indirectamente; mientras que una democracia restringida interpondrá instancias entre la ciudadanía y el Congreso para la provisión del cargo.

El reemplazo parlamentario es uno de los mecanismos más reformados de nuestra institucionalidad. Durante la Constitución de 1833, hubo 3 fórmulas: inexistencia de reemplazos de diputados (1833); senadores y diputados suplentes electos junto a los titulares (1874) y elecciones complementarias (1888). En la Constitución de 1925, se mantuvo esta última fórmula, la cual cayó en desgracia para algunos sectores políticos por contribuir a la polarización del país, particularmente con el triunfo del candidato socialista Óscar Naranjo en el conservador distrito de Curicó en la elección complementaria de 1964, el cual motivó a la derecha a aliarse con la DC en contra de una posible elección de Salvador Allende. Por esto, la Constitución hoy dice expresamente que “en ningún caso procederán elecciones complementarias”.

Con la Constitución de 1980 comienza la involución democrática del mecanismo. Originalmente, el reemplazo lo efectuaba la cámara respectiva por la mayoría absoluta de sus integrantes. En 1989, buscando un mayor respeto de la voluntad ciudadana, se estableció que el compañero de lista del parlamentario faltante sería quien completara la vacante y, en caso de doblaje, que el partido de dicho parlamentario nominaría una terna dentro de la cual la cámara respectiva debía elegir. Desde 2005, es el partido político del parlamentario faltante el que designa al reemplazante.

¿Cómo llegamos a esta sexta fórmula? El principal antecedente lo encontramos en el reemplazo del destituido Senador Jorge Lavandero: su compañero de lista, Guillermo Vásquez (PRSD) sólo había obtenido el 4,17% de los votos, mientras que Lavandero había sido primera mayoría con el 35,34%. Este reemplazo fue percibido transversalmente como una distorsión del resultado electoral, pues la mayoría de los votos en la Concertación habían sido hacia un candidato de la DC. Para subsanar esto a futuro, se acordó que el partido debía nombrar al reemplazante.

¿Cuáles son los problemas de esta fórmula? Primero, se consolida la idea del traspaso de la soberanía hacia los partidos políticos, los cuales son instituciones a las que el ciudadano no puede exigir cuentas de sus actos ni hacer efectiva su responsabilidad. Segundo, al quedar la cuestión del reemplazo en manos de los consejos políticos de los partidos, el reemplazante es generalmente un político más respetado por sus correligionarios que aprobado por sus representados (casos de Carlos Larraín, Gonzalo Uriarte, etc.). Tercero, si consideramos que la tasa de reelección es alta, puede ser un mecanismo para que un partido potencie a un candidato para una elección venidera, lo que genera la idea de propiedad de un partido sobre un escaño (casos de Marcelo Schilling y Felipe Harboe).

Las recientes vacancias producidas por las renuncias de Andrés Chadwick y Pablo Longueira constituyen uno de los casos más irregulares de reemplazo: la mesa directiva de la UDI ha sido acusada de violar sus estatutos tras la incorporación de sus ex-presidentes en su consejo ampliado de junio, lo que está en conocimiento de la justicia electoral. En otras palabras, quienes se encuentran hoy en facultad de nombrar a dos senadores son personas que podrían no tener siquiera la autoridad para hacerlo. Ante esto, los ciudadanos de Santiago Oriente y O’Higgins no pueden reclamar y es posible que tengamos dos senadores que, además de designados, sean ilegítimos.

El reemplazo parlamentario es uno de los peores botones de muestra de nuestra democracia, pues refleja que nuestra institucionalidad está fundada en la confianza ciega de la ciudadanía hacia nuestros cuestionables partidos políticos más que hacia las personas. Afortunadamente, su reiterado uso está generando la necesidad de su sustitución. El Presidente Piñera acaba de proponer el retorno de los parlamentarios suplentes, lo que es mejor a lo que hay. Sin embargo, si realmente creemos en la democracia y dejamos de vivir de nuestros traumas pre-1973, lo óptimo sería darle una nueva oportunidad a las elecciones complementarias.

Te lo dice, con harto frío,

R.F.S.K.



viernes, 22 de julio de 2011

#Hagamoscreíblelapolítica, Parte II

Antes de llamar a creer en personas e instituciones que se encuentran totalmente descreditadas ante los ojos de la ciudadanía, quienes consideramos que la justicia social se busca en política debemos promover los cambios que eliminen las aprehensiones razonables que tiene la gente sobre la política. Como la política la hacen los políticos, más que un cambio de principios, se trata de un cambio EN las personas y DE las personas.

Aprehensiones hay muchas: que los políticos venden la pomada en elecciones y después brillan por su ausencia, que los políticos son poco consecuentes con los principios de sus partidos, que ante los políticos es más importante el lobby de un empresario que la opinión de un poblador, que algunos políticos no conocen su zona y legislan con ojos de santiaguino, que hay mucha gente que se mete en política para que les den pega, que los políticos son capaces de todo con tal de recibir un cargo, que las cosas en política se arreglan con un cafecito o reuniendo a los ex-compañeros de curso y muchas otras que no dejarían títere con cabeza en Valparaíso o en Santiago.

Muchos tienden a echarle la culpa al empedrado diciendo que el sistema no ofrece incentivos para hacer las cosas mejor… y en casos en que no hay como argumentar, le echan la culpa al gran culpable de todo desde que falleció Mi General: el sistema binominal. ¡Las pelotas! Si los partidos fueran lo suficientemente abiertos, igualitarios y empáticos con la gente, para lo que no se requiere de ninguna ley, quizás hoy día no sentiríamos que vivimos en una olla de presión política.

De lo anterior, mis 3 humildes principios centrales para los partidos políticos democráticos:

Apertura: Los partidos deben estar abiertos a que cualquiera que quiera aportar efectivamente dentro de sus principios lo pueda hacer. A su vez, las jerarquías partidarias deben estar abiertas a críticas y sugerencias de todo el que quiera hacerlo, pues el sistema electoral hace que los ciudadanos voten por partidos y coaliciones, no por personas. También, deben existir todas las instancias posibles para que sus representantes y autoridades expliquen sus medidas y puedan ser reconvenidos por sus partidarios. Pero lo más importante es que hayan primarias abiertas y obligatorias para elegir candidatos a cargos de elección popular.

Igualdad: Cada militante debe tener el mismo valor para la toma de decisiones del partido y cada ciudadano simpatizante debe tener la misma voz para hacer presente sus inquietudes al partido que los representa. Las directivas de los partidos deben tener instancias reales de diálogo y trabajo con cada sector de la sociedad (juventudes, mujeres, adultos mayores, juntas de vecinos, etc.) y no pueden ser elegidas por consejos políticos, pues equivale a decir que hay unos más importantes que otros. El mérito debe ser un principio esencial, pues sólo así tendremos partidos que puedan promover la justicia social.

Empatía: Los problemas de los chilenos son los problemas del partido. Es el partido el que debe llegar a las personas y no las personas al partido. Por esto, su institucionalidad debe estar dirigida a que la inquietud de la gente llegue al partido y éste actúe en base a dicha inquietud interpretada por los principios básicos. Si esto no ocurre, la gente puede reclamar al partido y los militantes pueden quitarle el voto de confianza a su directiva o representantes. Además, el partido deberá desarrollar acciones de empoderamiento abiertas a todas las personas, de modo de desarrollar una confianza recíproca entre el partido y las personas.

Podemos discutir cuáles son las medidas que permiten alcanzar de mejor manera estos tres principios, pero por mejorar en estos tres aspectos pasa la calidad de la política y de la democracia en Chile. Son todos aspectos que dependen de la voluntad de quienes están a cargo de los partidos, pero también de quienes pueden ingresar y convencer a otras personas (lo que prefiero llamar "tomarse los partidos"). Quizás eso requiera previamente que algunos valientes metan las manos en la mierda para revitalizar a instituciones acomodadas y alejadas de la realidad, pero son los partidos y los políticos los que tienen que cambiar para ganarse la confianza de la gente y no al revés.

Te lo dice, deseándote un feliz fin de semana,

R.F.S.K.



miércoles, 20 de julio de 2011

#Hagamoscreíblelapolítica

Hace algunos días que me he venido fijando en una consigna en formato twittero para recuperar el sitial de la política en la vida de las personas: #Creoenlapolítica. Como no creo en la buena voluntad "pura" en política, de esa misma buena voluntad con la que uno hace favores sin esperar nada a cambio, supuse que podía haber una organización detrás, por lo que entré a desconfiar de ella. Algunas personas me han dicho que, por el perfil de la gente que usa la consigna, se trataría de una campaña motivada por gente de la DC... y como prefiero a los de Marvel, no les seguí la corriente.

Decir #Creoenlapolítica es lo mismo que si dijeramos #Creoenlaeconomía, #Creoenlaeducación o #Creoeneldeporte: son espacios que están siempre presentes, de los somos parte sin querer (cuando compro, creo en la economía; cuando leo, creo en la educación; cuando camino más rápido que de costumbre, creo en el deporte) y que son valóricamente neutros (no somos mejores ni peores personas si actuamos o dejamos de actuar conscientemente en ellos). Incluso la política es aún más omnicomprensiva: si yo decido no actuar en ningún espacio de la vida humana y me retiro a una isla a vivir solo es claramente un acto político. Por eso, invitar a la gente a creer en la política es equivalente a decir "crean en lo que están haciendo".

Por ahí no va la cosa...

Si queremos que la gente viva la política, la cosa va por decir #Creoenlaparticipaciónciudadana (una forma básica de política en sociedad), #Creoenlospartidospolíticos (otra, de las más clásicas y que #creoqueporahívaelmensajedeellos), #Creoenunanuevaconstitución (mi propia creencia) o #Creoensacarmelacrestaparahacerquelascosascambien (la mejor creencia, porque antes que creer en un espacio hay que creer en uno mismo). Cada una de estas 4 creencias son verdaderas invitaciones a que la gente se despegue de su cómodo asiento, vea su entorno, haga un diagnóstico y actúe en base a las cosas que están mal en términos de justicia social. Llamar a creer en la política en sí no es sinónimo de cambio, si eso es lo que realmente buscamos.

Además, antes que invitar a creer en la política, quienes sentimos que actuamos conscientemente en política debemos HACER CREÍBLE LA POLÍTICA. Hoy día las instituciones políticas están desprestigiadas por culpa del clientelismo, del compadrazgo, de la desconexión entre representantes y ciudadanía y de la escasa posibilidad de participación real de las personas en las decisiones del país. Si invitamos a creer en la política, estamos invitando a creer en los políticos y en las instituciones que hoy tenemos y que irónicamente han perdido credibilidad, por lo que #creoenlapolítica parece mas bien un llamado de las barras bravas políticas y no una iniciativa transformadora.

¿Cómo hacer creíble la política? Más trabajo y menos chaqueteo. Más coraje y menos miedo. Más meritocracia y menos pituto. Más viejos-jóvenes y menos jóvenes-viejos. Más puerta a puerta y menos encuentros de ex-alumnos. Más motivados y menos iluminados. Más democracia y menos dedocracia. Más humildad y menos soberbia. Más de lo que falta y menos de lo mismo...

Te lo dice,

R.F.S.K.



lunes, 11 de julio de 2011

Cambio de switch

La agitación social de 2011 ha logrado generar una imagen negativa sobre la esfera pública en Chile: nuestro gobierno es pésimo, nuestros representantes se representan a ellos mismos, todos los empresarios son malos, el futuro de Chile son unos desadaptados conducidos por unos pocos termocéfalos, hay que protegerse del terrorismo tanto en el sur como en la capital y nadie está preocupado por "los problemas de la gente" (lo coloco entre comillas porque, para algunos, es un concepto súper claro). La imagen es tan negativa que logra opacar algo positivo que tenemos y que se requiere con urgencia en Grecia, España y, al parecer, en Estados Unidos: buenos índices macroeconómicos.

Es difícil saber si estamos tan bien como algunos ciegos a la realidad pueden creer o si estamos tan mal como otros empecinados andan pregonando. Podemos encontrar millones de parámetros para ser los mejores o los peores, pero no somos ni Suiza ni Suazilandia: somos Chile y eso generalmente significa estar más o menos bien.

Estando más o menos bien, lamentablemente en el discurso se ha perdido lo bueno, lo positivo, lo esperanzador. Todos hoy estamos más en contra que a favor, porque a veces no sabemos qué nos une o porque estar en contra prende más. Todos manifestamos una desconfianza general en lugar de encontrar algo rescatable. Todos nos ponemos firmes en nuestra verdad obcecada, cuando ante la diferencia razonable es mejor negociar. Todos contribuimos a decir que el otro está al margen de la ley para así justificar nuestros excesos. Todos esperamos recibir, pero no nos gusta dar. Como guinda de la torta... si hay problemas, no son nuestros: son del otro.

En la política, como en la vida, es necesario invitar al otro a creer en algo, porque la política es el espacio donde queremos lograr plasmar y desarrollar nuestra idea del bien común, que implica la creación de un mejor estado de cosas. Ese esfuerzo, por supuesto, requiere de la construcción y de la crítica en su justo equilibrio, pero no podemos quedarnos únicamente en la interpelación incesante ni en la autocomplacencia sin fundamento. Tanto una posición como la otra nos dirige a la mediocridad y es ésta la que hoy tiene alejados a gran parte de la sociedad de la actividad más gravitante en la vida de las personas.

Quienes queremos aportar en política debemos hacer un cambio de switch y detenernos a pensar si con nuestro granito de arena estamos ayudando a que la gente debata, se dirija a sus autoridades, participe en elecciones y se agrupe con otros en torno a una causa o en un partido político. Digo esto porque quienes escribimos y debatimos somos también responsables de la falta de confianza de la ciudadanía en la política y en sus instituciones, al no destacar razonablemente lo bueno que se hace ni presentar alternativas para que la gente deposite su confianza perdida en otros. En tiempos en que las bases de nuestra institucionalidad están siendo cuestionadas y que pueden venir reformas cruciales para el futuro de Chile, es vital hacer de la política un espacio con todos y no sólo con los que están.

Te lo dice,

R.F.S.K.



jueves, 7 de julio de 2011

En busca de la oposición perdida

“Palos porque bogas y palos porque no bogas”. Esta expresión es la que mejor refleja la actitud de la Concertación en su actual calidad de oposición: cualquier cosa que haga o deje de hacer el gobierno, para la Concertación es mala y debe ser basureada a nivel de opinión pública. Desde las viejas glorias, pasando por sus altos mandos y terminando en sus juventudes y activistas, todos están esforzados en un “NO al gobierno”, carente de argumentación.

Precisamente lo anterior explica que, a pesar del bajo apoyo a la Coalición por el Cambio, la Concertación tenga un aún más bajo apoyo ciudadano: 22%.

Uno podría pensar que una oposición queda restringida de acción por el régimen presidencial, en el que senadores y diputados carecen de suficiente iniciativa para desarrollar medidas distintas a las del gobierno. De hecho, no fueron muy distintos los 20 años de oposición de la entonces Alianza por Chile: le negaron el pan y el agua a la Concertación, sólo apoyaban en la medida que se formara una gran ronda que los incluyera en el éxito de los consensos y establecieron temas en los que no iban a colaborar, como el régimen político y el rol del Estado en la economía. Sin embargo, existían figuras políticas destinadas a destruir y otras a construir, en este último grupo principalmente alcaldes y personas con sensibilidad social. Esto último no existe en la Concertación actualmente: todos están, de una u otra manera, unidos en contra del gobierno.

Por otro lado, no es fácil saber a favor de qué se encuentra hoy la Concertación hacia el futuro. No existe una unidad en torno a las libertades civiles, modelo económico, sistema político y reformas sociales. Esto se demuestra con los votos y abstenciones de la Concertación que han permitido aprobar medidas del gobierno, como ocurrió con el Convenio UPOV 91 sobre las semillas, con el royalty minero para la reconstrucción y con el reajuste para los empleados públicos. Además, ante los movimientos sociales, la Concertación se encuentra francamente dividida, no pudiendo ser la voz de la ciudadanía en estos temas.

El gran problema de la Concertación es su falta de moral para criticar. Critican la política energética, cuando ellos son los responsables de irregularidades como las de Ralco y de innumerables termoeléctricas. Critican la política educacional, cuando ellos aprobaron medidas como el crédito con aval del Estado y no tuvieron el coraje para plantear reformas estructurales a la administración educacional. Critican las soluciones de parche, cuando el gobierno pasado se dedicó a los bonos. Critican que el gobierno ha puesto en venta al país, cuando todos sabemos quiénes privatizaron la luz, el agua y las carreteras. Critican lo antidemocrático de este gobierno, cuando la Concertación no se la jugó por una democracia directa y establecía primarias más arregladas que elección de la FIFA. Así, es difícil creerle a las directivas de la Concertación cuando hablan con tanta soltura sobre todos estos temas.

La Concertación ha tenido la oportunidad de replantearse ante la ciudadanía tras su derrota electoral, la que se debe en buena parte a la soberbia y la mediocridad. Sin embargo, llevamos un año y medio y no parecieran haber avances, pues quienes nos consideramos opositores a este gobierno no encontramos señales de confianza en una coalición que se mantiene incólume en su forma, disgregada en su fondo, desconectada con la ciudadanía y coludida con los círculos de poder. Esperemos que el otro dato importante de las encuestas, la existencia de más de un 50% de la población que rechaza a las dos coaliciones tradicionales, sirva para la conformación de un nuevo movimiento político por la justicia social.

Te lo dice,

R.F.S.K.



domingo, 3 de julio de 2011

Fantasías neoliberales de ayer y hoy

Una de las principales reformas durante los últimos cincuenta años ha sido la implantación del modelo económico neoliberal. Se trata de una de las bases del consenso político que le ha dado gobernabilidad a Chile y un desarrollo económico mayor al de los demás países de América Latina. Llega a ser tan alabada esta reforma que, para muchos, es la mayor y mejor herencia del régimen militar, al punto de ser acogida por la Concertación, con leves reparos en lo social y con profundización en otros aspectos como los tratados de libre comercio y las concesiones en materia de servicios públicos.

La crisis educacional constituye el primer cuestionamiento de peso a la validez del modelo económico. Hasta antes, la crítica sólo existía dentro de grupos extraparlamentarios, pero hoy, cuando existe amplia literatura científica y políticamente transversal que vincula la desigualdad económica con la estructura educacional y el rol mínimamente subsidiario del Estado, se ha detectado una fisura de fondo en la manera en que las políticas neoliberales abordan aspectos claves para la justicia social.

En mi opinión, uno de los problemas del modelo neoliberal lo encontramos en su falta de realidad y conexión con la sociedad chilena.

Si consideramos a Estados Unidos como país de origen del neoliberalismo puro y duro, entenderemos mejor su aplicación. En EE.UU., el pavor a la acción estatal existe desde que los peregrinos escaparon de Inglaterra y se refleja hoy en una cultura basada en la propiedad como expresión de libertad. En EE.UU., además, existe una ética protestante muy fuerte: el trabajo y el éxito personal es una señal de salvación, por lo que uno no debe vivir esperando del otro si ha sido bendecido con la gracia de la fe. Esta idea, reforzada con la inexistencia de privilegios, genera una estructura económica tendiente a la meritocracia y a una consiguiente movilidad social. Por eso, no es extraño que se crea en el chorreo: es lo natural y obvio.

Yéndonos a Chile, la realidad es distinta. En Chile no existe un gran miedo al Estado o a un poder omnicomprensivo, pues desde la relación entre metrópoli y colonia, pasando por la de patrón y peón, hasta la que hoy tiene un individuo con el Estado, existe una suerte de amor y odio: cuando nos la podemos, bien; cuando no, recurrimos al que nos puede dar. Además, la cultura meritocrática no es tal: por siglos, el que no tenía estaba condenado a no tener y a vivir de la buena voluntad del que sí tenía; hoy, el Estado puede ayudar al que no tiene mediante servicios básicos y un sistema de educación, pero que aún así replica clases sociales de escasa movilidad. Así, es difícil pensar que el éxito de uno se va a transmitir al otro.

Lo que no deja de sorprender es que ni la cuna del neoliberalismo comulga con la versión ortodoxa que se ha buscado aplicar en Chile. En Estados Unidos existen sistemas públicos de educación que favorecen la interacción social, la infraestructura vial es un asunto de Estado, el 89% de los americanos consume agua potable de una empresa pública y el transporte público está financiado conjuntamente por las ciudades, estados y gobierno federal. ¿Por qué? Porque todos deben tener su justa y real oportunidad para desarrollar su individualidad.

La historia nos ha enseñado que, por más cambios que una sociedad quiera promover o impedir, existe una cultura en ella que debe tenerse en cuenta. Si el tiempo y forma son los adecuados y si la sociedad está conforme, es posible desarrollar tales reformas de modo exitoso. Si lo planteado es completamente ajeno a dicha cultura y es resistido por la ciudadanía, la reforma está condenada a muerte y ni siquiera será posible imponerla mediante la fuerza. El modelo neoliberal, ajeno a la necesidad real en Chile de la ayuda del otro para sobrevivir e impuesto en su variante más radical, pareciera ser una reforma que requiere revisión.

Te lo dice,

R.F.S.K.



martes, 21 de junio de 2011

Todo lo que necesitas es amor... y una nueva Constitución

¿Qué tienen en común las manifestaciones sociales en contra de Hidroaysén y a favor de la educación pública, el matrimonio igualitario y los pueblos indígenas? Fuera de la Alameda como escenario, todas ellas envuelven un anhelo de cambio a la forma en que las instituciones políticas resuelven los problemas: en el caso de Hidroaysén, los manifestantes buscan que la sustentabilidad y la protección del medio ambiente sean un principio político; en lo educacional, se quiere reemplazar el pilar subsidiario por uno estatal; mientras que las reivindicaciones de homosexuales e indígenas involucran la protección de minorías en un país que siempre las ha postergado o negado. Por esto, una solución armónica a todas estas necesidades públicas encuentra lugar en una nueva Constitución.

¿Por qué una nueva carta fundamental? ¿No se había saneado la Constitución de 1980 con las reformas de 1989 (plebiscitada) y 2005 (aprobada casi unánimemente)? ¿Por qué no imitamos a la cultura estadounidense que ha sabido progresar con una constitución redactada hace más de doscientos años? Todas estas preguntas han sido respondidas por diferentes personas desde que se aprobó con metralleta en la espalda la actual Constitución. Sin embargo, no está demás un esfuerzo a la inversa; es decir, tratar de salvar el texto constitucional para resolver las reivindicaciones de buena parte, si no la mayoría, de la población.

La frase más sagrada y de la que toda persona que aspira a una sociedad más igualitaria debería afirmarse es aquella que consagra como deber del Estado el "asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional". También lo referido al bien común, respecto del cual el Estado "debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible". Por último, si consideramos que el centro de la Constitución reside en la dignidad igualitaria de todas las personas, podemos reinterpretar la ley fundamental de manera de constituirla en la principal herramienta para la búsqueda de la equidad. Hasta aquí, todo bien.

Los problemas los encontramos fuera de los primeros nueve artículos de la Constitución. En lugar de ser normas flexibles que emanen de los principios fundamentales y que permitan que los gobiernos de turno puedan desarrollar su proyecto, los demás artículos de la carta magna son expresión de una particular doctrina político-económica que le da una interpretación muy restrictiva al rol subsidiario del Estado y que impide el desarrollo de programas políticos distintos pero igualmente democráticos. Lo anterior explica en cierta forma la comprensión de la Concertación como un buen administrador del legado de la dictadura, pues las concepciones sobre educación, salud, trabajo, justicia y desarrollo económico se encuentran detalladas en la Constitución.

El problema más grande se presenta en términos de democracia. La Constitución reconoce a Chile como una república democrática, lo que se satisface con la sola elección de algunas autoridades y una garantía de pluralismo. Sin embargo, en los últimos años la sociedad chilena experimenta la democracia más como una forma de vida que como elecciones, lo que se prueba con la paradoja entre el absentismo electoral y el aumento en la participación ciudadana en manifestaciones políticas. Esta concepción de la democracia se ve protegida tenuemente por la libertad de expresión y no posee cauces institucionales mediante los cuales la ciudadanía pueda relacionarse con las autoridades políticas, generándose por consiguiente una sensación de frustración y desconfianza como la reflejada en las últimas encuestas. La dictadura constitucional de la minoría, expresada en el sistema binominal y las leyes de quórum especial, termina marginalizando a la ciudadanía en el Estado Democrático de Derecho.

En conclusión, la Constitución de 1980 constituye un escollo insalvable para responder a las necesidades contingentes de la ciudadanía chilena, porque ella es la expresión fiel de un proyecto político en particular y porque limita la democracia al voto y a la confianza ciega en la autoridad. Esto no se resuelve con el cambio de un par de artículos, sino con un cambio de filosofía inspiradora, razón por la cual se hace necesaria la redacción de una nueva carta fundamental que de una vez por todas represente a todos los chilenos.

Te lo dice,

R.F.S.K.

miércoles, 15 de junio de 2011

Democracia chilena (o Una verdad incómoda)

Debido a una posible invasión a Suecia, el Presidente envía un proyecto de ley para reinstituir la conscripción obligatoria de todos los varones adultos, sin excepción, sancionando como traición a la patria el evadirla. La Liga de la Justicia, coalición de gobierno, votará a favor como señal de fidelidad a su líder. Los Superamigos, coalición de oposición, votarán a favor para no quedar como antipatriotas y porque en política exterior no corresponde restarse por pequeñeces. Por unanimidad, se aprueba la ley. Si quieren, le pongo más color, el Tribunal Constitucional decretó la constitucionalidad de la ley…

Como pacifista, ¿qué puedo hacer para oponerme a esta ley? El Presidente no me va a pescar. Los congresistas van a decir que actuaron conforme al poder que el pueblo les dio mediante el voto (aunque quizás un diputado haga huelga de hambre conmigo). Los tribunales van a decir que no se meten en cuestiones políticas y que la ley pareja y constitucional no es dura. Si me organizo, la probabilidad de influir en el cambio de la ley es poca. Si salgo a la calle, la televisión no grabará cuando haga un sit-in frente a La Moneda, sino cuando reacciono ante los lumazos de Carabineros. Al final, quedaré como un tipo que se pone al margen de la ley y de los intereses del país, cuando lo único que buscaba era actuar de acuerdo a mis convicciones legítimas y respetando la institucionalidad. Si no termino cediendo, me iré preso o tendré que pedir asilo político.

Lo que acabo de describir no es caricatura, sino que es la realidad que enfrentan todas aquellas personas que desean manifestar en mayor o menor medida su descontento. Tenemos que amarrarnos por 4 años a nuestro voto, sin que tengamos forma alguna de poder influir a la formación de una mayoría circunstancial sobre un tema en particular o la posibilidad de contribuir a la voluntad de nuestros representantes. Incluso ejercer legítimamente nuestras libertades de expresión y reunión son algo peyorativo para los destinatarios de nuestro voto.

Para poder cambiar esta situación, el actual sistema nos invita a organizarnos y votar por los candidatos que estén de acuerdo con la ampliación de la democracia. No sólo eso, debemos lograr más de dos tercios de senadores y diputados en ambas Cámaras. Sin embargo, el alto grado de compenetración (por no decir confabulación) existente entre las dos coaliciones mayoritarias y la existencia de un sistema electoral que no favorece la formación de mayorías hace ilusorio que se pueda cambiar el modelo de democracia procedimental a uno más sustancial, en el que todos tengan la posibilidad de ser una mayoría circunstancial y, en caso que no, poder recurrir a la autoridad de una manera más que simbólica.

Pareciera ser que Chile no es tan democrático que digamos, si por democracia entendemos una forma de vida y no el simple acto de elegir a nuestras autoridades.

¿Fue siempre así la cosa? Casi, porque antes existían dos mecanismos institucionales de descontento: las elecciones parlamentarias de medio período y las elecciones complementarias. Las segundas fueron eliminadas porque se consideró que el Naranjazo fue el inicio del quiebre institucional en Chile. Las primeras fueron eliminadas con la reducción del período presidencial a 4 años, sin que se previera el efecto beneficioso de tener una oportunidad de formar nuevas mayorías y de evaluar al gobierno de turno.

¿Qué nos queda por hacer? Quiero dejar la pregunta abierta, porque el blindaje de la democracia es tan firme que nos invita a la imaginación.

Te lo dice,

R.F.S.K.

lunes, 13 de junio de 2011

Ser un romántico viajero

Soy fanático de la Universidad de Chile desde aproximadamente los 6 años, aunque hay fotos mías de antes con la camiseta Adidas que usamos en segunda. Confieso que soy hincha porque en mi casa nunca se respiró otro amor que el por los colores azules, pero una vez que me sentí de la U, se lo he hecho saber a todos y me lo recuerdo cada día de mi vida: desde tener un deseo de cumpleaños guardado para el León hasta ponerme a ver partidos históricos del Bulla cuando estoy mal.

Cuando era chico, me tocó vivir los últimos años de la gran sequía azul: ese equipo de Salah capitaneado por Mariano Puyol y en que los ídolos eran Marcelo Jara, el “Bombero” Ibáñez y, por sobre todos, el “Superman” Vargas. Mis compañeros de curso eran casi todos hinchas de Colo Colo o de Católica, que en esos años peleaba la Libertadores, y se reían porque apoyaba a un equipo que no salía nunca campeón. Mi viejo, para mantener mi orgullo por la U en el pecho, me decía siempre que el hincha de la U lo es siempre y que esos pendejos se harían de la U cuando saliera campeón, para lo que hay que tener paciencia.

La paciencia tuvo frutos: al par de años llegábamos punteros a jugar con Cobresal en El Salvador, con Vargas en el arco; Cristián Castañeda, Fuentes, Guevara y el paraguayo Delgado en defensa; Musrri, Valencia, Mardones y Aredes en el medio; el Bombero y Salas en la delantera. El resultado es conocido y recordado por el pueblo azul. Para muchos de nosotros, uno de los días más felices de nuestras vidas… y muchos de mis amigos se cambiaron a la U.

Desde entonces, nunca más los títulos se nos hicieron tan esquivos. Siempre hubo algo que nos hiciera creer. No faltaron jugadores que mojaran la camiseta y la amaran como uno ama a un hijo, sean de la casa como el Matador, Pinilla, el Jhonny o Seymour; vengan de otros equipos como el Heidi González, el Flaco Olarra, Estrada o Edu Vargas o que no hayan nacido en un país que vibre con el Romántico Viajero como el Leo Rodríguez, Maestri, el Palote Olivera o el Diego. En todo este tiempo han pasado buenas y malas dirigencias, hemos vivido quiebras y bonanzas, hemos tenido cantantes de tango y directores de orquesta como técnicos, pero la U siempre está ahí…

Y eso fue lo que explica el triunfo y título de ayer: que, tal y como lo dijo Herrera, ayer fuimos la U. Siempre lo tiro como talla, pero la U es lo más parecido a la Santísima Trinidad de los católicos: el equipo es el padre, la hinchada es el hijo y el Bulla, esa entelequia que representa el aguante ante todo, es el espíritu que permite conformar una unidad armónica. Esa unidad fue lo que funcionó ayer: el equipo se mentalizó gracias a la hinchada que dio su prueba de fe ante la adversidad; eso hizo que el planteamiento ofensivo de Sampaoli funcionara como reloj y que los hinchas nos descueráramos la garganta gritando en un Estadio Nacional en el que jamás fuimos (ni seremos) visita.

Uno de los cánticos de Los de Abajo que explica el ser bullanguero es ese que dice Jugadores, jugadores… yo les pido por favor… que mojen la camiseta… aunque no salgan campeón. Nosotros aspiramos siempre a ser campeones, pero no abandonamos al equipo si no lo es, siempre que moje la camiseta. Mientras lo hagan, alentaremos. Si no lo hacen, se lo recordamos. Todos los que sentimos la U roja en el pecho nos sentimos responsables del éxito o fracaso de la U; si nos va bien, festejamos; si nos va mal, nos hacemos más grandes para ayudar a esa parte de la Trinidad Bullanguera que está fallando. Como el ser bullanguero habla de esfuerzo, paciencia, aguante y lealtad, ser de la U es una virtud que nos lleva a querer al que también lo es. Al final, somos una comunidad valiosa en la sociedad nacional.

Es todo esto lo que otros simpatizantes no entienden de la U y que les hace considerar como imposible lo que para nosotros es una realidad sufrida pero hermosa.

SALUD, ROMÁNTICOS VIAJEROS!

Te lo dice,

R.F.S.K.

lunes, 6 de junio de 2011

Estadios vacíos (o La triste historia del fútbol chileno)

Ponte cómodo a ver cualquier partido importante del campeonato nacional, preferiblemente de los equipos grandes. Durante la previa, los periodistas, además de calentar el ambiente, se abocarán a un análisis demográfico del público asistente. El periodista de cancha tratará de calcular al ojímetro cuánto público hay. Si hay menos de 30.000 en un clásico o menos de 10.000 en un partido normal, se dedicarán a criticar a las barras bravas, a las instituciones que las amparan y harán un llamado a la nostalgia, recordando los tiempos en que la familia iba a apoyar al viejo y querido Magallanes y que los hinchas de galucha tenían (con suerte) uno o dos gritos…

Desde que comenzó el fenómeno de las barras bravas, a comienzos de los 90, se insertó la idea de violencia en los estadios, cuya consecuencia directa sería la ausencia de público en los partidos de clubes. Desde entonces, tanto el Estado como la ANFP y los clubes han desarrollado acciones para evitar que estos vándalos asistan al fútbol y para darle seguridad a las familias Riquelme, Miranda y Poblete que puedan disfrutar de nuestro pasatiempo nacional favorito como lo hacían antes. El caso más absurdo es la Ley de Violencia en los Estadios, donde incluso se han ido presos jugadores y árbitros por agarrarse a combos (absurdo, ¿no?).

Pongamos un ejemplo: Juega Colo Colo contra La Serena. Se supone que no hay rivalidad entre las barras, por lo que no irá la Garra Blanca con ánimo de violarse al contrario. El colocolino de corazón, ese que se sabe de memoria el plantel del ’91 y que le tiene camiseta alba al regalón, debería sentirse llamado a ir al estadio, más aún si sabe que puede ir a Andes o a la galería sur, donde el rival nunca llena. Sin embargo, nunca van más de 10.000 personas en condiciones que no hay riesgo alguno.

¿Barras bravas? Yo creo que la cosa va por otro lado:

  • Los chilenos cambiamos nuestro tiempo libre: Antes de los 90, habían pocos malls, las películas llegaban tarde o nunca al cine, la casa de campo o veraneo era un lujo de muchos menos que ahora y no existía televisión por cable. El fútbol era claramente un panorama obligado para la entretención masculina.
  • El futbolero tiene un horizonte más amplio: Gracias al cable y a la amabilidad de algunos canales nacionales, podemos ver los lujos de Messi, los goles de Cristiano Ronaldo y seguir al equipo de turno de Pellegrini. Esto hace que el fútbol criollo se vea en su cruda realidad: como un fútbol sin velocidad, de poca técnica y de jugadores campeones del piscinazo.
  • El CDF: Más que el hecho de transmitir los partidos, el problema del CDF ha sido que sus dineros financian casi totalmente a los clubes chilenos. Hoy, a clubes como Santiago Morning o Palestino, de esporádica asistencia, no les interesa atraer público, porque la plantilla se paga con lo que se reparte por concepto de televisión.
  • Las S.A. no saben cuál es el negocio del fútbol: Las grandes concesionarias se han enfocado en la transferencia de jugadores a mejor precio que el de incorporación, cuyas ganancias son relativas. No se contempla el merchandising, espectáculos alternativos como la firma de autógrafos o un diseño similar al de los malls anexo al estadio, todas cosas que sirven de gancho para que el público asista cada fin de semana.

Para terminar, unas palabras para la solución inglesa. Siempre se dice que ellos resolvieron la violencia en los estadios (donde fallecían decenas de personas en estampidas humanas, lo que felizmente nunca ha ocurrido en Chile) gracias a dos políticas: estadios mejor habilitados y empadronamiento de hinchas. Sin embargo, el público en Inglaterra nunca dejó de ir al estadio porque el espectáculo siempre fue de calidad. Por esto, la solución a los estadios vacíos no depende de mejores leyes, sino de mejores equipos.

Te lo dice,

R.F.S.K.

jueves, 2 de junio de 2011

Argumentos sin pie de página para apoyar el matrimonio homosexual

Por honestidad intelectual, debo explicitar mis puntos de partida (así usted puede mandarme a la cresta de una o seguir leyendo):

  • Evito cualquier argumento que provenga de una fe religiosa, pues creo en la separación Iglesia/Estado y, conforme a este principio, no es aceptable que se legisle cumpliendo los dictados de una religión.
  • Las instituciones sirven a las personas y no las personas a las instituciones, por lo que si una institución no responde a las necesidades de las personas, debe ser modificada.
  • La homosexualidad no es una enfermedad ni una desviación moral, sino una condición sexual: ser homosexual es tan bueno o malo como ser heterosexual.
  • La familia es un “grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas”.


Dicho eso, explico mi posición:

El matrimonio es la mejor institución jurídica para transformar una relación afectiva en una comunidad de vida. Esta transformación tiene por objeto buscar la mayor realización personal de los contrayentes, para lo cual el Derecho provee de medios dirigidos a los dos aspectos de dicha realización: la espiritual y la material. El sustrato de esta institución es el amor, por lo que el matrimonio debe encontrarse disponible para toda pareja que se ama y quiere consolidar su relación en el tiempo y en los distintos ámbitos de la vida.

En relación a la procreación, finalidad del matrimonio conforme a la ley y a la tradición occidental, se trata de un aspecto del matrimonio que queda al arbitrio de los contrayentes: si quieren tener hijos, que los tengan; si no quieren o no pueden, no hay razón para ponerle fin al matrimonio si no es porque sus propios contratantes así lo quieren. Si además consideramos que la filiación se protege de igual modo en el matrimonio que fuera del matrimonio, podemos señalar que no se desprende de la ley que la procreación sea una finalidad que sólo pueda cumplirse en el matrimonio, menos aún que sea la mejor forma. Lo que se ha mantenido incólume es la protección de la comunidad de vida, del vivir juntos y auxiliarse mutuamente; protección que efectivamente no existe de otro modo si no es mediante el matrimonio.

¿Por qué habríamos de proteger la comunidad de vida entre personas homosexuales? Por algo bien básico: las personas se relacionan entre sí para su mayor realización personal, en la medida que dicha realización no impida injustificadamente la de otro, impedimento que en lo personal no lo encuentro fuera de lo religioso o de una comprensión de la reproducción como algo imperativo a todo ser humano. Si dos personas del mismo sexo estiman que su comunidad de amor les permite satisfacer su plan de vida, el Derecho debe ofrecer la posibilidad que ambas puedan consolidar su relación, de modo de asegurar una relación duradera y ordenada tanto en lo afectivo como en lo material. Así, se adecua la existencia de una relación de hecho en la actualidad a la finalidad del Derecho de la paz social.

¿Por qué llamarle matrimonio? ¿Por qué no un acuerdo de vida en común? ¿Por qué no ofrecer la posibilidad de reconocer autonomía de la voluntad a las parejas homosexuales, cosa que puedan regular sus relaciones ante notario? No soy un fundamentalista etimológico, pero la institución matrimonial tiene efectos valiosos para la seguridad de una relación afectiva (derechos y deberes entre cónyuges, regímenes matrimoniales, derechos sucesorios, etc.), los que son aplicables y necesarios para una relación homosexual. Llamarle matrimonio, entonces, comprende dichos efectos, pero lo importante es el contenido de la institución y no el nombre. Las otras dos alternativas, por su parte, son verdaderas bolitas de dulce que buscan satisfacer de modo incompleto las necesidades de relaciones estables para las parejas homosexuales, incluso estableciendo una jerarquía (el matrimonio es mejor que el AVC) que no se condice con la igualdad que debe existir entre heterosexuales y homosexuales.

Un último detalle. Es importante que el Derecho le permita a las personas desarrollar respeto por uno mismo, entendiendo que ese respeto comprende la expresión pública de nuestra personalidad, sobre todo de nuestras cualidades subjetivas (idioma, religión, género, etc.). Si el Derecho sigue relegando la homosexualidad al ámbito de lo privado, se genera un daño muy grande en aquél aspecto que hace que las personas actúen y contribuyan en la sociedad: el amor propio.

Eso.

Te lo dice,

R.F.S.K.

lunes, 30 de mayo de 2011

El empate (o El nuevo deporte nacional)

Uno de los recursos argumentativos más baratos, efectivos a corto plazo, pero odiosos para las personas con uno o más dedos de frente es el empate, el cual consiste en confrontar una situación con otra equivalente en bondad (“La U es el equipo con más aguante” “Pero Colo Colo ganó la Libertadores”) o maldad (“Fulano hizo mal su pega” “Pero tú hace tiempo hiciste lo mismo”) para bajar el perfil de la primera afirmación. En mi casa se usa bastante para evitar limpiar la cocina, en el fútbol se usa en el bizantino debate de qué equipo es mejor, en la vida se usa para el chaqueteo y en política se usa para evadir responsabilidades.

Desconozco cuándo se generalizó tanto. Quisiera saber quién es el hijo de puta tan perversamente inteligente que inventó este razonamiento. ¿Será algo generalizado entre las personas o es propiamente chileno? Hartas interrogantes, pero sin duda es algo creciente hoy, en tiempos en que nos vamos quedando sin argumentos propios para hacernos cargo de nuestros errores y no somos capaces de explicar el éxito ajeno (¿alguien dijo chaqueteo?).

A nivel público, es lamentable el uso de este recurso por parte del gobierno (de los DOS gobiernos). Entre 1990 y 2010, lo que hacía y deshacía la derecha era caca porque eran los seguidores de Pinochet, y como Pinochet fue terrible de malo, en verdad se trataba de un argumento convincente, pero chicle… y el chicle lo estiraron hasta cortarlo y perder credibilidad. Desde 2010, la Alianza se defiende de su mala gestión diciendo que heredaron los problemas de la Concertación, que esto (u otra cosa nada que ver con lo que les imputan) es culpa de la Concertación y que la Concertación no hizo antes nada al respecto.

Al final, todo es una pelota caliente de la que nadie se hace cargo, siendo la responsabilidad un concepto de papel. Lo peor es que los políticos después dicen que la única forma de premiarlos o castigarlos es con el voto. Rico el concepto de democracia de nuestros honorables…

El gobierno es un continuo. El que está ahora debe hacerse responsable de todo lo que recibe y de todo lo que hace hasta el día que entregue el poder. Echarle la culpa al del lado es fácil, de cobardes y evidencia la incapacidad de hacerse cargo de los problemas. Asumir la culpa de una gestión distinta es hacer la pega que le fue encomendada (porque Chile no se inventa cada 4 años), es de honestos y refleja el interés de trabajar más que el de figurar como un santo ante la opinión pública. Si se hizo bien, quizás se mantengan en el poder y la historia les guarde un buen sitial. Si se hizo mal, las alternativas van desde la derrota electoral hasta la cárcel. Bien simple.

Y en la vida es bien parecido a la política, aunque más desarrolladas las lealtades (porque algunos legitiman que la política es un espacio para hacerse bolsa). Si uno hace mal las cosas, nada tiene que ver lo malo que lo hizo el del lado. Si uno hace bien las cosas, puede ser meritorio de felicitación, con prescindencia del buen resultado del otro. Premiar lo bueno y reconvenir lo malo es lo que permite la evolución humana; no hacerlo es estancarnos en la mierda.

Te lo dice,

R.F.S.K.

miércoles, 25 de mayo de 2011

Religión presidencial (o Desmitificando la separación Iglesia-Estado)

Leí hace un rato una columna de opinión sobre la religiosidad del discurso del Presidente Piñera ante la posibilidad de legislar sobre el matrimonio homosexual (http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/05/22/el-dios-del-presidente/). Esta opinión me hizo pensar un poco más sobre la compleja relación entre los credos religiosos (y sus adherentes fervorosos) y el Estado.

En primer lugar, pese a que se nos enseña que en Chile la Iglesia (Católica) y el Estado se encuentran separados desde 1925, la línea divisoria entre ambas instituciones no es clara en la Constitución de 1980. Mientras la anterior carta fundamental era explícita en la separación, la actual nada dice sobre la relación del Estado con la Iglesia: se limita a reconocer la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. Esto sin duda apunta a la tolerancia religiosa, pero no impide que desde el gobierno exista un discurso religioso que establezca a un credo en particular como el mejor para la sociedad.

En segundo lugar (y esperando ser lo más respetuoso posible), el hecho que el Cristianismo sea una religión proselitista hace compleja su relación con el Estado, pues nada le impide a la comunidad cristiana emplear la institucionalidad pública para buscar la salvación de las almas conforme a su proyecto. Es más, si fuera cristiano, aprovecharía el alcance que tiene el poder estatal en la ciudadanía para llevar el mensaje de salvación. Sin embargo, considero que un consenso en la sociedad occidental es que lo bueno y lo malo se discute dentro de algo a lo que todos podemos libremente optar sin comprometer nuestras cualidades subjetivas (lenguaje, raza, género, religión, etc.). Por eso, que el Estado diga que las drogas son malas porque matan neuronas es un discurso valórico aceptable, mientras que decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque la tradición cristiana lo dice es deplorable en términos democráticos.

Sintetizando lo anterior, no existe en Chile una garantía que le asegure a todas las personas que la discusión pública se hará sin atender a una particular cosmovisión. A la necesidad de una protección que le impida a las autoridades tener un discurso religioso, puede responderse lo siguiente:

  • “La democracia es el gobierno de la mayoría y en Chile los cristianos son mayoría”, argumento que en sí es poco democrático porque en democracia se respeta a las minorías, sobre todo en los procedimientos básicos de convivencia como la opinión pública.
  • “Toda afirmación valórica tiene un sustento religioso”, y es muy cierto, pero no es lo mismo decir “no al aborto porque la Iglesia lo dice” que “no al aborto porque es matar a una persona y la persona comienza a vivir desde la concepción”. Uno no es menos cristiano, musulmán o maradoniano si no explicita los derechos de autor de sus valores en pos de una mejor coexistencia religiosa. Uno es más ciudadano si explica las razones de una decisión en un lenguaje que todos puedan eventualmente comprometerse.
  • “Podemos terminar como Francia, donde la expresión pública de la religiosidad es perseguida”, pero eso es una pendiente resbaladiza. Todos estamos de acuerdo con los tres derechos religiosos que hoy están protegidos y no creo que asegurar un discurso estatal laico atente contra ellos. Es más, contribuye a entender que el fenómeno de la religión tiene un ámbito más propio, el de la fe y el culto, y que en el ámbito público, en el que se manifiestan en un conflicto inevitable, se debe adoptar un código que facilite los consensos en el funcionamiento democrático.

En conclusión, la separación entre la Iglesia y el Estado en Chile es hasta por ahí nomás. Corresponde actualizarla a una sociedad más diversa en ideologías y más exigente en razones.

Te lo dice,

R.F.S.K.

viernes, 20 de mayo de 2011

Solidaridad chilena (o Paren el hueveo)

Los argentinos son desinhibidos, los brasileños son alegres, los españoles son una jaula de gatos bajo un mismo rey, los mexicanos son simpáticos… ¿y los chilenos? Nosotros somos solidarios. Somos un pueblo que cada vez que está mal, se une desinteresadamente para ayudar a los demás. Dejamos las diferencias de todo tipo de lado con tal de poder hacer sentir mejor al que necesita. Cuando estamos juntos por las causas que nos convocan, nadie ni nada nos puede ganar y eso constituye nuestra virtud nacional, eso que hace a Chile el país pequeño más grande del mundo.

Sin embargo, algo nos pasa cuando queremos extender esa solidaridad televisiva hacia nuestra institucionalidad, sobre todo a las políticas sociales. Cuando se plantea subir los impuestos a quienes más tienen (y quienes más pueden dar en un país solidario) y bajarlos a quienes menos tienen, “es malo para los pobres y para la creación de empleo”. Cuando se busca reforzar el rol del Estado como institución cuyo fin es la búsqueda de la igualdad de oportunidades, “se crea un aparato ineficiente y se malgasta dinero que los privados pueden destinar mejor”. Lo peor es cuando se busca incorporar la solidaridad en el financiamiento de la salud, la educación y la previsión social: “no se nos puede obligar a ser solidarios, porque es contraproducente”.

No quiero caer en tecnicismos jurídicos, porque una vez tomado el café de sobremesa no hablo de leyes, pero es importante recordar que la ley, en ocasiones, nos obliga a ser solidarios cuando se estima que existe una responsabilidad compartida y cuando se quiere proveer a un acreedor de más patrimonios para ver resarcido su crédito. ¿Qué nos impide aplicar ese principio en la erradicación de la pobreza, cuando efectivamente la sociedad está en deuda con las clases que posterga y existen suficientes patrimonios para poder satisfacer a su necesidad basada en su dignidad?

En Europa, continente de gente pesada, racista y materialista, la mayoría de los países posee un sistema previsional basado en tres pilares: capitalización individual, aporte estatal y solidaridad entre los aportantes. La educación y la salud admiten la existencia del lucro en cuanto respete una base a la que todos puedan acceder, por lo que todos deben pagar impuestos proporcionales, pero eso no impide que personas funden su clínica o su colegio y puedan pagar por un mejor servicio que el estatal. Es más, los mayores costos que deben asumir las personas con discapacidad los asume abiertamente el Estado, porque es un compromiso social que no debe farandulizarse ni servir para hacer propaganda de la responsabilidad social empresarial. Si tanto miramos a Europa en algunas cosas, ¿por qué no hacerlo en esto?

¿Somos solidarios entonces? Diría “las pelotas”, pero por prescripción médica debo fijarme en las cosas buenas. La verdad es que somos solidarios cuando la luz roja de la cámara nos dice que lo seamos, cuando el contador nos dice que pagamos menos impuestos, cuando el del lado está metido en un proyecto y no puedo ser menos que él, cuando el chaqueteo del día a día llega a un punto muerto, cuando de arriba nos dicen que debemos dar para no irnos al infierno. Si se nos pide ser solidarios todos los días, por motivos más terrenales que celestiales y hay un político tras esto (porque todo lo político es malo), no soltamos un peso ni movemos un músculo.

Lo triste es que gran parte de las políticas sociales en Chile se basan en la defensa del individualismo. No hay pilar solidario en el sistema previsional, se estimó injusto destinar los excedentes de la cotización en las isapres a un fondo general y derechamente no hay solidaridad en el financiamiento de la educación (recuerdo a alguien que me ganó en una elección que dijo que "obligar a la gente a ser solidaria en el pago del arancel no es solidaridad". ¡Maldito voto hormonal!). Así, sólo acabaremos la pobreza simultáneamente con el hambre...

Te lo dice,

R.F.S.K.
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