miércoles, 25 de mayo de 2011

Religión presidencial (o Desmitificando la separación Iglesia-Estado)

Leí hace un rato una columna de opinión sobre la religiosidad del discurso del Presidente Piñera ante la posibilidad de legislar sobre el matrimonio homosexual (http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/05/22/el-dios-del-presidente/). Esta opinión me hizo pensar un poco más sobre la compleja relación entre los credos religiosos (y sus adherentes fervorosos) y el Estado.

En primer lugar, pese a que se nos enseña que en Chile la Iglesia (Católica) y el Estado se encuentran separados desde 1925, la línea divisoria entre ambas instituciones no es clara en la Constitución de 1980. Mientras la anterior carta fundamental era explícita en la separación, la actual nada dice sobre la relación del Estado con la Iglesia: se limita a reconocer la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. Esto sin duda apunta a la tolerancia religiosa, pero no impide que desde el gobierno exista un discurso religioso que establezca a un credo en particular como el mejor para la sociedad.

En segundo lugar (y esperando ser lo más respetuoso posible), el hecho que el Cristianismo sea una religión proselitista hace compleja su relación con el Estado, pues nada le impide a la comunidad cristiana emplear la institucionalidad pública para buscar la salvación de las almas conforme a su proyecto. Es más, si fuera cristiano, aprovecharía el alcance que tiene el poder estatal en la ciudadanía para llevar el mensaje de salvación. Sin embargo, considero que un consenso en la sociedad occidental es que lo bueno y lo malo se discute dentro de algo a lo que todos podemos libremente optar sin comprometer nuestras cualidades subjetivas (lenguaje, raza, género, religión, etc.). Por eso, que el Estado diga que las drogas son malas porque matan neuronas es un discurso valórico aceptable, mientras que decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque la tradición cristiana lo dice es deplorable en términos democráticos.

Sintetizando lo anterior, no existe en Chile una garantía que le asegure a todas las personas que la discusión pública se hará sin atender a una particular cosmovisión. A la necesidad de una protección que le impida a las autoridades tener un discurso religioso, puede responderse lo siguiente:

  • “La democracia es el gobierno de la mayoría y en Chile los cristianos son mayoría”, argumento que en sí es poco democrático porque en democracia se respeta a las minorías, sobre todo en los procedimientos básicos de convivencia como la opinión pública.
  • “Toda afirmación valórica tiene un sustento religioso”, y es muy cierto, pero no es lo mismo decir “no al aborto porque la Iglesia lo dice” que “no al aborto porque es matar a una persona y la persona comienza a vivir desde la concepción”. Uno no es menos cristiano, musulmán o maradoniano si no explicita los derechos de autor de sus valores en pos de una mejor coexistencia religiosa. Uno es más ciudadano si explica las razones de una decisión en un lenguaje que todos puedan eventualmente comprometerse.
  • “Podemos terminar como Francia, donde la expresión pública de la religiosidad es perseguida”, pero eso es una pendiente resbaladiza. Todos estamos de acuerdo con los tres derechos religiosos que hoy están protegidos y no creo que asegurar un discurso estatal laico atente contra ellos. Es más, contribuye a entender que el fenómeno de la religión tiene un ámbito más propio, el de la fe y el culto, y que en el ámbito público, en el que se manifiestan en un conflicto inevitable, se debe adoptar un código que facilite los consensos en el funcionamiento democrático.

En conclusión, la separación entre la Iglesia y el Estado en Chile es hasta por ahí nomás. Corresponde actualizarla a una sociedad más diversa en ideologías y más exigente en razones.

Te lo dice,

R.F.S.K.
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