miércoles, 27 de julio de 2011

¿Quieren mejor democracia? ¡Reformen el reemplazo parlamentario!

El reemplazo parlamentario es un mecanismo constitucional que dice mucho de la democracia de un país. Se trata de una forma excepcional de regular el poder soberano conferido al Congreso, de modo que conserve su naturaleza representativa. Una democracia amplia buscará una forma en la que la soberanía popular se vea respetada, al menos indirectamente; mientras que una democracia restringida interpondrá instancias entre la ciudadanía y el Congreso para la provisión del cargo.

El reemplazo parlamentario es uno de los mecanismos más reformados de nuestra institucionalidad. Durante la Constitución de 1833, hubo 3 fórmulas: inexistencia de reemplazos de diputados (1833); senadores y diputados suplentes electos junto a los titulares (1874) y elecciones complementarias (1888). En la Constitución de 1925, se mantuvo esta última fórmula, la cual cayó en desgracia para algunos sectores políticos por contribuir a la polarización del país, particularmente con el triunfo del candidato socialista Óscar Naranjo en el conservador distrito de Curicó en la elección complementaria de 1964, el cual motivó a la derecha a aliarse con la DC en contra de una posible elección de Salvador Allende. Por esto, la Constitución hoy dice expresamente que “en ningún caso procederán elecciones complementarias”.

Con la Constitución de 1980 comienza la involución democrática del mecanismo. Originalmente, el reemplazo lo efectuaba la cámara respectiva por la mayoría absoluta de sus integrantes. En 1989, buscando un mayor respeto de la voluntad ciudadana, se estableció que el compañero de lista del parlamentario faltante sería quien completara la vacante y, en caso de doblaje, que el partido de dicho parlamentario nominaría una terna dentro de la cual la cámara respectiva debía elegir. Desde 2005, es el partido político del parlamentario faltante el que designa al reemplazante.

¿Cómo llegamos a esta sexta fórmula? El principal antecedente lo encontramos en el reemplazo del destituido Senador Jorge Lavandero: su compañero de lista, Guillermo Vásquez (PRSD) sólo había obtenido el 4,17% de los votos, mientras que Lavandero había sido primera mayoría con el 35,34%. Este reemplazo fue percibido transversalmente como una distorsión del resultado electoral, pues la mayoría de los votos en la Concertación habían sido hacia un candidato de la DC. Para subsanar esto a futuro, se acordó que el partido debía nombrar al reemplazante.

¿Cuáles son los problemas de esta fórmula? Primero, se consolida la idea del traspaso de la soberanía hacia los partidos políticos, los cuales son instituciones a las que el ciudadano no puede exigir cuentas de sus actos ni hacer efectiva su responsabilidad. Segundo, al quedar la cuestión del reemplazo en manos de los consejos políticos de los partidos, el reemplazante es generalmente un político más respetado por sus correligionarios que aprobado por sus representados (casos de Carlos Larraín, Gonzalo Uriarte, etc.). Tercero, si consideramos que la tasa de reelección es alta, puede ser un mecanismo para que un partido potencie a un candidato para una elección venidera, lo que genera la idea de propiedad de un partido sobre un escaño (casos de Marcelo Schilling y Felipe Harboe).

Las recientes vacancias producidas por las renuncias de Andrés Chadwick y Pablo Longueira constituyen uno de los casos más irregulares de reemplazo: la mesa directiva de la UDI ha sido acusada de violar sus estatutos tras la incorporación de sus ex-presidentes en su consejo ampliado de junio, lo que está en conocimiento de la justicia electoral. En otras palabras, quienes se encuentran hoy en facultad de nombrar a dos senadores son personas que podrían no tener siquiera la autoridad para hacerlo. Ante esto, los ciudadanos de Santiago Oriente y O’Higgins no pueden reclamar y es posible que tengamos dos senadores que, además de designados, sean ilegítimos.

El reemplazo parlamentario es uno de los peores botones de muestra de nuestra democracia, pues refleja que nuestra institucionalidad está fundada en la confianza ciega de la ciudadanía hacia nuestros cuestionables partidos políticos más que hacia las personas. Afortunadamente, su reiterado uso está generando la necesidad de su sustitución. El Presidente Piñera acaba de proponer el retorno de los parlamentarios suplentes, lo que es mejor a lo que hay. Sin embargo, si realmente creemos en la democracia y dejamos de vivir de nuestros traumas pre-1973, lo óptimo sería darle una nueva oportunidad a las elecciones complementarias.

Te lo dice, con harto frío,

R.F.S.K.



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