jueves, 11 de agosto de 2011

#Chilequiereplebiscito (Una solución pacífica al conflicto educacional)

Ante la propuesta del movimiento estudiantil y apoyada por sectores progresistas de la Concertación (PS, PPD, PRSD), de celebrar un plebiscito para solucionar el conflicto por la educación, han surgido dos críticas importantes: la primera, proveniente de Carlos Larraín (RN), quien señaló que le tiene terror al plebiscito por tratarse de una solución subversiva en el contexto actual; la segunda, planteada por Jorge Correa Sutil (DC), que expresó que un plebiscito constituye una renuncia a la mediación del Congreso en los conflictos sociales y a la búsqueda de acuerdos que representen al país.

La primera crítica refleja una forma moderna del despotismo ilustrado, en que la ciudadanía sólo aporta su voto para legitimar al representante, pero queda excluida para aportes posteriores que se relacionen con la construcción y revisión de las decisiones de éste. En la crítica de Larraín, hay una visión aristocrática de la política, donde hay una minoría capacitada para gobernar conforme al bien común y una mayoría de escasos conocimientos y que decide egoísta y visceralmente. Por esto, el plebiscito es una intromisión peligrosa del vulgo en una decisión que exige serenidad y sabiduría, sobre todo si el conflicto educacional involucra el gasto público y el proyecto de sociedad.

La segunda crítica apunta a la protección de nuestra tradición republicana basada en la democracia representativa. Existe una institución, el Congreso Nacional, que concentra el conflicto entre posiciones políticas representativas de la ciudadanía y que lo resuelve de forma meditada y conciliadora. Sólo excepcionalmente se puede recurrir a la ciudadanía para la resolución de dicho conflicto, esto es, cuando no hay Congreso (y así ha sido en los 4 plebiscitos celebrados en nuestra historia). Recurrir al plebiscito reflejaría una desconfianza en la naturaleza del Congreso y una desidia por parte de los propios representantes de cumplir con sus funciones. Además, Correa Sutil plantea la dificultad que conlleva la elaboración del voto para decidir sobre una materia tan compleja como la educación.

El problema de ambas posiciones es que ninguna de ellas se hace cargo de la crisis de confianza que existe en las instituciones políticas, defendiendo la rígida democracia representativa que tenemos en Chile como un dogma en lugar de favorecer la incorporación de la ciudadanía en la labor legislativa. Precisamente, uno de los factores para los estallidos sociales de este año ha sido el mal funcionamiento de la democracia representativa, pues sectores importantes de la población han optado por la protesta ante la imposibilidad de influir en la modificación de decisiones impopulares, adoptadas sin mayor consulta a la ciudadanía. El conflicto educacional es el mejor ejemplo de esto, pues el actual movimiento estudiantil se debe a que las reivindicaciones de 2006 fueron mal respondidas por el consenso político que dio origen a la Ley General de Educación, aportando una frustración más que una solución.

Si realmente queremos proteger la institucionalidad republicana, debemos admitir con humildad que ésta es susceptible de falencias y que, para suplirlas, existen mecanismos de democracia directa que podemos emplear, por más extraños que nos resulten. En este sentido, el plebiscito permite llegar a un acuerdo nacional sancionado por todos, ya sea porque un amplio sector de la población considera que sus representantes están tomando decisiones contrarias al bien común o porque el propio legislador estima necesario consultar a la ciudadanía en materias de suma importancia. No sustituye al legislador, sino que complementa su labor en situaciones excepcionales, como puede serlo un conflicto en que el gobierno y parte de la ciudadanía no ceden en virtud de considerarse a sí mismas como representantes de la mayoría.

Otras críticas comunes al plebiscito son temores infundados. La gente que vota en el plebiscito elige con la misma sabiduría a sus representantes, por lo que el terror de Larraín es al sufragio universal. Quienes confeccionan el voto en el plebiscito redactan leyes de igual o mayor complejidad, por lo que la crítica de Correa Sutil es a la capacidad legislativa. Se las atribuyo más bien a lo desconocido que es el plebiscito para nuestra mentalidad política, pero no debemos dejar que ésta nos impida reconocer su finalidad positiva, la cual es ampliar el espectro de la institucionalidad política para la resolución pacífica y satisfactoria de conflictos sociales.

Te lo dice,

R.F.S.K.



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