jueves, 24 de noviembre de 2011

Libertad de expresión y derechos humanos

La reciente carta del profesor de la Universidad Católica, Gonzalo Rojas, sumada a numerosas declaraciones acerca de lo justificado y positivo que puede haber sido el Gobierno Militar, ha suscitado que sectores que condenan abiertamente dicho régimen y a su política de violación a los derechos humanos pidan sanciones morales, incluso jurídicas. A esto, los partidarios de Pinochet y su gobierno responden con un ustedes hablan de libertad de expresión… ¿y dónde está NUESTRA libertad de expresión?.

En primer lugar, nadie está cuestionando ni coartando la libertad de expresión de alguien. En este país, uno es libre de apoyar o criticar a quien sea, sin siquiera exigírsele un mínimo de fundamento. Desde que hay democracia formal en Chile, nadie se ha visto impedido de decir sus creencias políticas, religiosas, filosóficas y futbolísticas. Prueba de ello ha sido que en nuestra cultura política han convivido los medios informativos del Partido Comunista y columnas como las de Hermógenes Pérez de Arce y el mencionado Gonzalo Rojas, sin que alguno de ellos haya sido censurado. Esto debe seguir siendo así, pues es parte de la diversidad de ideas que debe existir y de la expresión de nuestra personalidad que nos es vital.

En segundo lugar, el respeto de la libertad de expresión de uno también incluye el respeto de la libertad de expresión del otro. Si una persona piensa A, yo, que pienso B, puedo decirle que no estoy de acuerdo, que A está equivocado y que A está diciendo barbaridades. En ese sentido, ningún comentario es incuestionable y todos, dentro de la diversidad que existe, debemos aceptar que existe la posibilidad que nuestra opinión incomode e irrite a alguien, con o sin razón. Vivir creyendo que nuestras opiniones no generen consecuencias es, prácticamente, ignorar la sociabilidad de los seres humanos.

En tercer lugar, la libertad de expresión tiene como límite el respeto de los demás derechos. Así, yo no puedo tratar injustificadamente de ladrón a alguien, porque le afecto su honra; yo no puedo invitar seriamente a la gente a quemar La Moneda, porque afecto la seguridad nacional; y yo no le puedo pasar gato por liebre, porque afecto el comercio. En el caso de los señores Labbé, Rojas, algunos militantes de la UDI y muchos opinólogos de El Mercurio, al homenajear y justificar a una persona que está condenada a 144 años de cárcel por cometer crímenes de lesa humanidad, están haciendo una apología de dichos crímenes (o sea, que los alaban, les rinden honor, lo consideran algo bueno), negando una verdad judicial e, irónicamente, poniéndose al margen del Estado de Derecho que tanto dicen respetar.

Ahora bien, ¿qué medidas hay que adoptar para poder armonizar la libertad de expresión con una cultura de respeto a los derechos humanos?

Uno podría pensar, desde un concepto ilimitado de la libertad de expresión, que no corresponde tomar medidas y que la ciudadanía debe decidir con toda libertad a quién tener como alcalde y a quién leer los días miércoles. Sin embargo, tras 20 años de libertades políticas, aún no hemos sido capaces como ciudadanía de reprobar moralmente a aquellas personas que cometieron crímenes, existiendo aún un sector relevante de la ciudadanía que actúa, gobierna y educa como si nada, o como si algo loable, hubiese pasado. Lo peor es que hay jóvenes que vivieron poco y nada de la dictadura que alaban a la figura de Augusto Pinochet y justifican el actuar de la DINA o la CNI, con lo que se consolida la idea de una aceptación social en el tiempo de las políticas de persecución y asesinato en la dictadura.

Por esto, es razonable establecer un límite excepcional a la libertad de expresión. En varios países, por considerarse que la trivialización de un acto criminal como el genocidio vulnera la paz social, sobre todo en un contexto de reconciliación nacional, se ha calificado el negar o justificar un genocidio como el holocausto nazi, el genocidio armenio o el rwandés como delito. Por lo abiertas que están las heridas en Chile y por la insensibilidad de un sector relevante de la población en reconocer como verdad histórica y condenable la política de desapariciones, ejecuciones y torturas del Gobierno Militar, parece necesario legislar en la misma dirección.

Te lo dice,

R.F.S.K.



jueves, 10 de noviembre de 2011

La esencia del proyecto de reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas de Chile

La cuestión indígena, entendida como la definición de la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios, es uno de los pocos temas en que la democracia recobrada hace 21 años no ha logrado avances. Cierto es que hoy existe la intención de armonizar la existencia de los pueblos indígenas en la sociedad nacional, pero esta intención sólo se busca plasmar en lo estrictamente cultural, desconociendo la naturaleza política de dichos pueblos. Lo anterior se refleja en una Ley Indígena basada en el paternalismo estatal, en el desconocimiento del Convenio 169 de la OIT (que, entre otras cosas, consagra el derecho de los pueblos a ser consultados de manera de obtener su consentimiento para medidas que los afecten) como un instrumento vinculante y en un vago proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas, actualmente en discusión.

El Proyecto Refundido de Reforma Constitucional que Reconoce a los Pueblos Indígenas de Chile es fruto de un mensaje presidencial del Gobierno de Michelle Bachelet y de una moción iniciada por senadores de la Alianza por Chile. En resumen, propone (1) establecer la unidad, indivisibilidad y multiculturalidad de la nación; (2) reconocer la existencia de los pueblos indígenas, quienes tienen derechos especiales y colectivos meramente declarativos; (3) consagrar la costumbre indígena de acuerdo a la ley; (4) incorporar el factor étnico y racial en la garantía de igualdad ante la ley; y (5) elevar la existencia de la propiedad indígena a rango constitucional. El Presidente Piñera le puso urgencia durante la huelga de hambre de comuneros mapuches de 2010, pero hoy se encuentra paralizado en el Congreso.

Este proyecto es rescatable en dos aspectos. Por un lado, por primera vez se quiebra el principio liberal y etnocéntrico de “una nación, una cultura”, reconociéndose que la cultura chilena es el resultado de la interacción de varias culturas, dentro de las cuales la Constitución reconoce expresamente a la indígena. Por otro, se reconoce la existencia de una minoría que requiere de especial protección en razón de su postergación histórica y de la importancia que su cultura en peligro de extinción tiene para sus integrantes. Sin embargo, las modificaciones se quedan en la comprensión cultural del problema, sin avanzar hacia su proyección político-institucional.

Los pueblos indígenas son comunidades omnicomprensivas, es decir, son sociedades cuya cultura resulta determinante en la identidad de las personas, en su proyecto de vida y en la búsqueda del bien común. Si dicha cultura es ignorada o destruida, la autocomprensión de quienes pertenecen a ella se ve dañada, atentando contra el respeto por uno mismo y contra la dignidad. El reconocimiento constitucional de estos pueblos busca precisamente admitir el valor de estas comunidades para la realización personal de sus integrantes, pero cuando no se crean herramientas jurídicas que les permitan a las comunidades contribuir a dicha realización (potestades públicas, validez de su sistema normativo, mecanismos de participación, derechos culturales exigibles, etc.), los pueblos indígenas quedan reducidos al mismo asociacionismo privado en el que hoy se encuentran.

Además, reconocer una nación multicultural implica admitir que ella se encuentra compuesta de distintos modos de vida que deben dialogar para la determinación y búsqueda del bien común. Pese a ello, este reconocimiento de gran trascendencia no va acompañado de la institucionalización del diálogo intercultural como forma de solución de conflictos, lo que es insólito si consideramos que esta reforma es motivada por la violencia existente en la Araucanía.

Queda así a la luz una declaración de buena crianza, pero de poca utilidad práctica. Se valora todo aquello que los pueblos indígenas tienen de diferente, pero que no altere de modo alguno la institucionalidad política o el modelo de desarrollo. Se reiteran objetos de protección que hoy son susceptibles de tutela, pero usando la expresión “indígena” o “étnico-racial”. Todo esto viene a confirmar la escasa comprensión que existe en Chile sobre lo que significa pertenecer a un pueblo indígena, los temores infundados sobre terrorismo separatista que prevalecen en el discurso público y la nula intención de saldar la deuda que tenemos con el sector más históricamente postergado de nuestra sociedad.

Te lo dice,

R.F.S.K.



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