jueves, 24 de noviembre de 2011

Libertad de expresión y derechos humanos

La reciente carta del profesor de la Universidad Católica, Gonzalo Rojas, sumada a numerosas declaraciones acerca de lo justificado y positivo que puede haber sido el Gobierno Militar, ha suscitado que sectores que condenan abiertamente dicho régimen y a su política de violación a los derechos humanos pidan sanciones morales, incluso jurídicas. A esto, los partidarios de Pinochet y su gobierno responden con un ustedes hablan de libertad de expresión… ¿y dónde está NUESTRA libertad de expresión?.

En primer lugar, nadie está cuestionando ni coartando la libertad de expresión de alguien. En este país, uno es libre de apoyar o criticar a quien sea, sin siquiera exigírsele un mínimo de fundamento. Desde que hay democracia formal en Chile, nadie se ha visto impedido de decir sus creencias políticas, religiosas, filosóficas y futbolísticas. Prueba de ello ha sido que en nuestra cultura política han convivido los medios informativos del Partido Comunista y columnas como las de Hermógenes Pérez de Arce y el mencionado Gonzalo Rojas, sin que alguno de ellos haya sido censurado. Esto debe seguir siendo así, pues es parte de la diversidad de ideas que debe existir y de la expresión de nuestra personalidad que nos es vital.

En segundo lugar, el respeto de la libertad de expresión de uno también incluye el respeto de la libertad de expresión del otro. Si una persona piensa A, yo, que pienso B, puedo decirle que no estoy de acuerdo, que A está equivocado y que A está diciendo barbaridades. En ese sentido, ningún comentario es incuestionable y todos, dentro de la diversidad que existe, debemos aceptar que existe la posibilidad que nuestra opinión incomode e irrite a alguien, con o sin razón. Vivir creyendo que nuestras opiniones no generen consecuencias es, prácticamente, ignorar la sociabilidad de los seres humanos.

En tercer lugar, la libertad de expresión tiene como límite el respeto de los demás derechos. Así, yo no puedo tratar injustificadamente de ladrón a alguien, porque le afecto su honra; yo no puedo invitar seriamente a la gente a quemar La Moneda, porque afecto la seguridad nacional; y yo no le puedo pasar gato por liebre, porque afecto el comercio. En el caso de los señores Labbé, Rojas, algunos militantes de la UDI y muchos opinólogos de El Mercurio, al homenajear y justificar a una persona que está condenada a 144 años de cárcel por cometer crímenes de lesa humanidad, están haciendo una apología de dichos crímenes (o sea, que los alaban, les rinden honor, lo consideran algo bueno), negando una verdad judicial e, irónicamente, poniéndose al margen del Estado de Derecho que tanto dicen respetar.

Ahora bien, ¿qué medidas hay que adoptar para poder armonizar la libertad de expresión con una cultura de respeto a los derechos humanos?

Uno podría pensar, desde un concepto ilimitado de la libertad de expresión, que no corresponde tomar medidas y que la ciudadanía debe decidir con toda libertad a quién tener como alcalde y a quién leer los días miércoles. Sin embargo, tras 20 años de libertades políticas, aún no hemos sido capaces como ciudadanía de reprobar moralmente a aquellas personas que cometieron crímenes, existiendo aún un sector relevante de la ciudadanía que actúa, gobierna y educa como si nada, o como si algo loable, hubiese pasado. Lo peor es que hay jóvenes que vivieron poco y nada de la dictadura que alaban a la figura de Augusto Pinochet y justifican el actuar de la DINA o la CNI, con lo que se consolida la idea de una aceptación social en el tiempo de las políticas de persecución y asesinato en la dictadura.

Por esto, es razonable establecer un límite excepcional a la libertad de expresión. En varios países, por considerarse que la trivialización de un acto criminal como el genocidio vulnera la paz social, sobre todo en un contexto de reconciliación nacional, se ha calificado el negar o justificar un genocidio como el holocausto nazi, el genocidio armenio o el rwandés como delito. Por lo abiertas que están las heridas en Chile y por la insensibilidad de un sector relevante de la población en reconocer como verdad histórica y condenable la política de desapariciones, ejecuciones y torturas del Gobierno Militar, parece necesario legislar en la misma dirección.

Te lo dice,

R.F.S.K.



Si te gustó, gracias por compartir. Si no te gustó, gracias por comentar.