sábado, 31 de agosto de 2013

¿Reconciliación? ¡Las pelotas!: El perdón de las instituciones

En mis 2 últimas notas escribí sobre el arrepentimiento que debe haber de parte de quienes causaron daño en los últimos 50 años. En ambos casos, se trata más bien de actos personales, pues el arrepentimiento y el perdón son emociones propias de las personas naturales.

Sin embargo, aún quedan pendientes las responsabilidades institucionales.

1. El Estado chileno: Desde 1990 que se ha empeñado en la búsqueda de la verdad y la justicia; con miedo durante la primera década y con compromiso desde 2000. El perdón del Presidente Patricio Aylwin, las gestiones de investigación, las medidas de reparación y las leyes que sancionan los crímenes de lesa humanidad reflejan que el Estado ha actuado correctamente, asumiendo las consecuencias de lo urdido por las Fuerzas Armadas en el poder, porque se entiende que las ejecuciones, desapariciones y torturas fueron hechas por organismos estatales.

Lo que sí lamento es que personas condenadas por violaciones a los derechos humanos sigan detentando grados militares. Quien es condenado por ello deshonra a su Patria. Si no damos de baja a dichas personas, mantenemos la hermandad de armas entre personas respetables y personas manchadas con sangre, conservando un vínculo que impide emocionalmente la limpieza moral de las FF.AA.

2. Las Fuerzas Armadas: ¿Es el "Nunca más" del General Juan Emilio Cheyre un equivalente a pedir perdón a los chilenos? Tengo mis serias dudas. Da seguridad que el Ejército buscará no repetir lo hecho, pero deja a interpretación de cada uno que haya una condena absoluta de la represión y un deseo eficaz de colaborar con las investigaciones judiciales en curso y futuras. Reitero que la hermandad de armas es tan fuerte que hasta a un militar joven le es complejo delatar a un militar del pasado.

Es verdad que la confianza de las Fuerzas Armadas ha mejorado en el tiempo, lo que percibimos con el estado de excepción decretado después del Terremoto de 2010. Sin embargo, es ambivalente el compromiso de las FF.AA. con la verdad y la justicia, pues un aparente pacto de silencio impide revelar más información y entregar más colaboración. Por esto, la responsabilidad institucional está asumida en forma incompleta.

3. El Poder Judicial: El único poder que rehuye su responsabilidad en forma total es la Judicatura. Desde 1990, la postura ha sido la misma: los errores cometidos por las Cortes y Juzgados son de las personas que ejercieron cargos de jueces en dicha época, más no de las instituciones. A pesar que el esfuerzo intelectual de los jueces ha ayudado a pasar desde la impunidad a la justicia, esto no exculpa a las negligencias del único poder que ha actuado ininterrumpidamente.

Cuando uno pertenece a una institución, uno responde jurídicamente de sus propios actos, pero puede responder ética e históricamente de los actos de sus antecesores, con los cuales está vinculado. Los ministros y jueces pasan, pero los recursos de amparo rechazados y la cobardía en buscar el debido imperio de la ley quedan. Ante esto, quienes componen la Corte Suprema tienen algo que decir, no sólo porque la confianza de su institución está disminuida ante la denegación de justicia de sus antecesores, sino además porque pueden motivar con su arrepentimiento institucional y condena enérgica a los futuros jueces a erguirse frente a autoridades dictatoriales, en caso que repitamos la historia.

4. Los partidos y movimientos políticos: Antes de 1973, quienes actuaron contra la democracia y la paz social fueron aquellos partidos o movimientos que llamaban a la lucha armada y aquellos que llamaron a las Fuerzas Armadas en forma irresponsable. Los movimientos guerrilleros hoy ya no existen, pero sí algunos partidos. De ellos, el PS reconoció su responsabilidad en su reunificación. Desconozco si la DC tiene semejante conducta frente a su llamado al golpe, pero declaraciones como la del Senador Jorge Pizarro (que negó responsabilidad de la DC en el golpe) suscitan la duda.

Después de 1973, los que deben explicaciones al país son los partidos o movimientos colaboracionistas con la dictadura. Ante esto, RN y la UDI se defienden señalando que su existencia como partidos es cercana al plebiscito de 1988, por lo que institucionalmente no tienen responsabilidad. Sin embargo, ¿qué partidos se han negado a derogar el Decreto Ley de Amnistía? ¿Qué partidos obstaculizaron una y otra vez tratados y leyes sobre derechos humanos para mantener en impunidad a los responsables? ¿No es la UDI el partido del Movimiento Gremial, posibles cómplices por las desapariciones en la Universidad Católica? ¿No fueron los militantes del extinto Partido Nacional los que, con la DC, pidieron la intervención militar? Responsabilidad hay, intenciones de reconocer los errores no.

5. Las empresas: Las organizaciones empresariales, a diferencia de todas las anteriores, actúan en función de su propio interés. Si dicho interés es ayudar a sabotear a un gobierno constitucional o servir para la propaganda de una dictadura, es cosa de ellas y nosotros no podemos denunciarlas a tribunales ni buscar una sanción jurídica por ello.

Las empresas lograron lo que quisieron: cambiar un gobierno que les era hostil por otro favorable y que eliminó las trabas políticas para su libre desarrollo. ¿El costo? Miles de vidas humanas y la pérdida de derechos por 17 años. ¿Arrepentimiento? Imposible que lo haya, pero, sin ánimo de ser panfletero, así de perverso es el capitalismo, al punto que seguimos leyendo El Mercurio.


En síntesis, resulta difícil poder hablar de reconciliación cuando los principales responsables e instigadores de la barbarie mantienen ambigüedad frente al pasado, negando políticas institucionales y deslizándolas hacia individuos que habrían cometido excesos o negligencias. Es más difícil la reconciliación cuando hay instituciones que guardan silencio sospechoso y que son parte de la legalidad y el poder.

Te lo dice,

R.F.S.K.



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