domingo, 19 de mayo de 2013

La política como profesión

Esta semana, el Juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, determinó rechazar las solicitudes de sobreseimiento de diversas personas relacionadas con la fallida alerta de tsunami el 27 de febrero de 2010, dentro de las cuales se encuentran el entonces Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex-Directora de la ONEMI, Carmen Fernández. Además, el mismo magistrado declaró admisible la ampliación de la querella penal interpuesta en contra de más personas relacionadas con los hechos investigados, dentro de ellas, la ex-presidenta y candidata presidencial Michelle Bachelet.

Ambas determinaciones, más allá de la espectacularidad y farandulización de la que han sido objeto, me parecen muy importantes, pues permiten dar una apariencia de responsabilidad penal a autoridades políticas por los perjuicios derivados del mal ejercicio de sus funciones.

No debería ser gran cosa. Pareciera lógico que cada persona que perjudica a los demás en el ejercicio de su trabajo deba responder ante la justicia y ser susceptible de pena. Así, el médico que no cumple con los procedimientos que todo facultativo debe realizar en su posición y de ello se deriva la muerte de su paciente, actúa con negligencia y comete delito; el abogado que le genera perjuicios a su cliente por revelar información que pertenece al secreto profesional, comete prevaricación y eso es delito; incluso el ingeniero calculista que no cumple con reglas básicas de construcción, haciendo que el edificio no resista sismos en circunstancias que de haber seguido las reglas se hubiese evitado su destrucción, puede responder por las muertes y daños producidos.

¿Por qué un político debería estar exceptuado de responder de sus actos? Esto debemos entenderlo en el actual contexto de desprestigio de la política.

La política se ha entendido desde mucho tiempo como un acto de servicio. Muchos de los actuales políticos entregan incluso un relato romántico de su decisión, señalando que hoy podrían estar trabajando en actividades más lucrativas o estar más cerca de su familia, pero que por un supuesto amor a la Patria están haciendo un sacrificio y se entregan en cuerpo y alma a la ciudadanía. Esta visión romántica resulta atractiva en términos electorales y muchos de nosotros ciudadanos tendemos a creerla.

Sin embargo, la política es una profesión. Una profesión para la que no se estudia en la universidad la carrera de política, en la que no existe un colegio que ejerza un control ético y cuyo grado de especialización es tan diversa como los cargos públicos que existen. Que sea una profesión más que un servicio justificó en su minuto que se estableciera una dieta para quienes ejercen los cargos de senador y diputado. Que sea una profesión más que un servicio justifica que haya dedicación exclusiva en cargos en los que la persona podría trabajar en forma paralela y privada. Que sea una profesión más que un servicio invita a quienes quieran desempeñarse en política a cultivar permanentemente el conocimiento y a cumplir ciertos códigos de conducta.

Reconociendo que hay políticos excepcionales, a muchos les conviene más la idea de servicio que de profesión, pues apela a la buena voluntad y a la supuesta calidad humana que hay en cada persona que se sacrifica por los demás (de hecho, el Juez Sallés denunció que en los argumentos de los formalizados en el Caso Tsunami había mucho de esto). Además, si esto se encuentra institucionalizado, las autoridades políticas, esas que deben tomar las decisiones importantes de gobierno y administración, quedan impunes ante situaciones que se encontraban dentro de su supervigilancia. En este escenario, son los mandos medios y bajos los que deben responder por irregularidades, unos cumpliendo órdenes y otros diciendo ayudar al partido de gobierno en el que militan.

Que una persona de confianza presidencial y que otra designada por el Sistema de Alta Dirección Pública sean investigadas hasta el final por un posible delito es una buena señal para que se instituya la idea de la política como una profesión. Las autoridades políticas juegan con fuego, ejercen un poder que antes eliminaba a personas y que hoy, algo humanizado, puede perjudicarlos por acciones u omisiones. No es posible, entonces, que sigamos creyendo que tales autoridades pueden autorregularse y quedar a merced del votante cada 4 años, sino que debe existir un sistema efectivo en el cual tanto el Ministerio Público como la ciudadanía pueda denunciar a quienes causan daños por su mal desempeño.

Te lo dice,

R.F.S.K.



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