martes, 5 de noviembre de 2013

El observatorio judicial (o Por qué la derecha chilena sigue siendo fascista)

La candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei, ha propuesto como principal medida en favor de la seguridad ciudadana, instituir un observatorio judicial. Consiste en crear una entidad que monitoree las sentencias judiciales en materia penal y las publicite, de modo que la gente tenga un conocimiento de las decisiones tomadas por los jueces y pueda presionar a la autoridad a adoptar mejores medidas relacionadas con la justicia, particularmente a la hora de designar jueces y ministros. Esta medida, en los últimos días, ha contado con el apoyo abierto del gobierno de Sebastián Piñera, quien particularmente ha sido crítico de la labor de los jueces en relación al combate a la delincuencia.

No suelo ser de aquellos leguleyos histéricos que coloca la independencia del Poder Judicial en un pedestal. Para mí, un presidente o ministro puede opinar sobre un juicio una vez que se encuentre terminado y puede criticar una decisión, incluso llegando al extremo de enviar un proyecto de ley para que ningún juez más falle como tal o cual juez. Los jueces interpretan el producto de un trabajo conjunto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo que la deliberación sobre su labor es parte de mejorar la legislación mientras no se afecten juicios pendientes.

Sin embargo, la medida planteada por Matthei y alabada en pleno por su bloque político me parece negativa.

En primer lugar, porque parte de una premisa bastante dudosa. Para la Alianza, "el gobierno lo ha hecho bien, Carabineros lo ha hecho bien, el Ministerio Público trabaja sobre la base de la ley y de la acción policial... entonces son los jueces los que dejan libres a los delincuentes". No es necesario leer a Michel Foucault para darse cuenta que la delincuencia no se resuelve mandando presa a la gente o creando nuevas razones para encerrar a la gente que tiene conductas moralmente reprochables. Se resuelve con acciones relacionadas con la educación de niños y adultos, con un sistema penitenciario en subsidio y que sirva de efectiva lección y con un sistema de rehabilitación integral. Estas acciones dependen principalmente del gobierno y secundariamente del Congreso, pero en muy escasa medida de los Tribunales de Justicia, cuya labor es eminentemente reactiva y tiene poco margen de creatividad social.

En segundo lugar, porque parte de otra idea bastante dudosa. Para la Alianza (¿se acuerdan de la Coalición por el Cambio?), "vivimos con una sensación constante de miedo a salir a las calles". Este miedo existe en guetos creados por la exclusión social y por el olvido gubernamental, pero no se justifica en barrios y hogares donde hay delitos dolorosos, pero aislados. Con este discurso, se instala esta sensación de miedo y se apela a él para sacar de la gente su rabia y llevarla a la esfera pública. La Alianza crea un duelo entre los buenos y los malos, siendo ellos los buenos, los que están con la gente y contra los delincuentes, e invitan a la gente a expresarse con su voto contra los malos, contra quienes interpretan la ley contra la gente y dejan libre a ese indeseable. En definitiva, la derecha busca el apoyo ciudadano iracundo para legitimar su proyecto de justicia, dirigido históricamente más a la prisión que a la prevención/rehabilitación, el cual le concede poco margen de criterio jurídico al juez.

En último lugar, porque termina en una idea bastante dudosa: la efectiva intervención política del Poder Judicial. El poner a los jueces en la plaza pública para ser linchados por la ciudadanía rabiosa genera un condicionamiento en la decisión de los jueces, inhibiendo las distintas interpretaciones plausibles y estableciendo un tipo de juez ideal a quienes aspiran a ascensos en la judicatura. Se podrá pensar que el concepto de justicia penal que busca la Alianza es apolítico y que se basa en criterios objetivos, pero eso equivale a pensar que es parte de la idea de justicia el establecer un derecho penal del autor, un procedimiento desbalanceado o menores beneficios a presos por determinados delitos, cuando es imposible negar que las decisiones en materia penal son políticas.

No quiero sonar exagerado, pero el insistir en la cárcel como solución, el instalar el miedo para crear una guerra santa que justifique medidas drásticas y el crear subterfugios para nombrar jueces de una visión político-penal son ideas que pertenecen a un gobierno de corte autoritario, por no decir fascista. Hay nula fe en la educación y mucha fe en la represión, se busca apelar a la ira más que a la inteligencia para adoptar decisiones y se tiene una percepción negativa de la deliberación para decidir sobre uno de los aspectos más valorados por las personas: la libertad.

Dudo que Angela Merkel avale una medida así de la nueva derecha.

Te lo dice,

R.F.S.K.
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