martes, 22 de abril de 2014

Algo no me cuadra

(Por honestidad intelectual, parto de la idea que debe existir el derecho a la educación superior)

La semana pasada, el Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, señaló lo siguiente en el contexto de la reforma de la educación superior:

En esto quiero ser extremadamente claro: El derecho a la gratuidad podrá ser ejercido en cualquier universidad que los estudiantes elijan y que cumpla con sus expectativas, sólo con la restricción de que estén debidamente acreditadas (...) ya sean universidades estatales, universidades privadas con vocación pública o universidades privadas que no hayan expresado tal vocación.http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/04/16/655653/ministro-eyzaguirre-el-derecho-a-la-gratuidad-podra-ser-ejercido-en-cualquier-universidad.html


Sin que esto sea una declaración vinculante para el ministro, algo no me cuadra.

En primer lugar, el deber del Estado es asegurar niveles educativos. Primero lo fue la educación básica, luego la media y hace muy poco la educación preescolar. Lo que se desea (o parece razonable esperar) es que la educación superior sea un deber/derecho, es decir, que el Estado garantice la formación de las personas en profesiones u oficios para así encontrarse en igualdad de condiciones de trabajar en lo que los realice. Sin embargo, el ministro ofrece asegurar gratuidad sólo a las universidades, olvidando el fortalecimiento de la educación técnica, que es un pariente aún más pobre que la educación pública. Quiero creer que esto no es un olvido y sólo se dio en el contexto de negociación con las universidades, pero si se quiere un real cambio, no podemos seguir diciendo que el único camino al éxito personal es estudiar en una universidad, sino ofrecerle a los jóvenes distintas opciones de realización y que la sociedad requiere.

En segundo lugar, el Estado puede ofrecerles a los jóvenes dos formas de garantía educacional: puede abrir y mantener establecimientos gratuitos o puede entregarles el dinero, directa o indirectamente, para que ellos lo usen en la institución que deseen. Quienes defendemos la existencia de instituciones educacionales públicas (como sinónimo de estatales, le guste o no al columnista progresista de los domingos), creemos que el Estado, como institución que representa a la sociedad nacional, debe entregar ciertos valores mínimos a través de establecimientos financiados por la sociedad en conjunto: valores como la vida, la igualdad de oportunidades, la libertad de conciencia, la multiculturalidad de la nación, entre otros. La sociedad no está moralmente obligada a financiar proyectos que no respeten un mínimo o que exijan un mínimo diverso. Por lo mismo, considero un error como humano, ciudadano y contribuyente que el Estado financie los aranceles de estudiantes en instituciones que se rigen por una lógica diversa, lo que no significa cercenarles las fuentes públicas de financiamiento para programas de investigación y desarrollo a las instituciones privadas.

En tercer lugar, el gobierno cayó en la creencia que fortalecer la educación pública mediante la gratuidad de sus aranceles constituye una discriminación a las instituciones privadas, que perderían a buenos alumnos por el hecho de ser pagadas. Sin duda que, en términos estrictamente económicos, lo es. Sin embargo, la educación no es un bien de mercado: existe un mínimo social que resulta más factible cumplir mediante la existencia de establecimientos estatales que obligando a instituciones privadas a cumplir con dichos contenidos. Por esto es que el Estado no puede tratar de igual manera en materia educacional. No obstante lo anterior, el desafío en la reforma se encuentra en asegurar diversidad de proyectos educativos en el seno de las instituciones estatales, de modo de garantizar que la gratuidad no va de la mano de un único modelo.

Las palabras del Ministro Eyzaguirre son sólo el comienzo de una reforma que tomará su tiempo. Habrán voces de todos los actores involucrados que confluirán en un proyecto que dejará más felices a unos que a otros. El resultado no va a ser exactamente el descrito por él (esperemos), pero si ésta fuese la reforma, en verdad sería sólo la eliminación del pago particular en los aranceles universitarios, mas no el fortalecimiento de la educación superior pública ni el aseguramiento de la calidad en todas las instituciones.

Te lo dice,

R.F.S.K.
Si te gustó, gracias por compartir. Si no te gustó, gracias por comentar.