miércoles, 19 de noviembre de 2014

Iglesia Católica, DC y reforma educacional

El día de ayer apareció en La Segunda un informe sobre las distintas reuniones que ha sostenido la Iglesia Católica, particularmente el Cardenal Ricardo Ezzati y el obispo Héctor Vargas (Presidente del Área Educacional de la Conferencia Episcopal), con políticos de la Democracia Cristiana. El objetivo ha sido principalmente el de obtener la reposición en el Senado de la indicación que les permite a los colegios particulares subvencionados arrendar los inmuebles en que funcionan, en el contexto de la reforma educacional, pero también el de actuar en forma conjunta y coordinada frente a distintos aspectos de ésta. En este sentido, las autoridades eclesiásticas han sido enfáticamente críticas de la reforma educacional emprendida por el gobierno de Michelle Bachelet, y teniendo en cuenta que requieren de votos pertenecientes a la Nueva Mayoría para poder revertir algunos puntos ya aprobados en la Cámara de Diputados, se ha acercado al partido que se ha manifestado menos conforme respecto de la reforma.

Si bien la Democracia Cristiana no se concibe a sí misma como un partido confesional, sino como un partido de inspiración socialcristiana, escenarios como éste muestran que la relación entre la Iglesia Católica y la DC es más que de inspiración valórica, sino que de representación corporativa. A su vez, esta negociación nos recuerda que la Iglesia no es sólo madre y maestra para aproximadamente el 70% de los chilenos, sino además un actor político.

La DC, como sucesora de la Falange Nacional y representante de la sensibilidad social que existió en el Partido Conservador del cual ésta se escindió, siempre ha tenido una estrecha relación con la Iglesia Católica. De la mano de los cambios que hubo en la Iglesia con Juan XXIII y Pablo VI, la DC asumió un rol de articuladora de cambios sociales que ya no eran sinónimo de revolución armada, sino que de justicia social, los que incluso sectores conservadores aceptaron con cierta renuencia mientras fuesen con moderación. Con la Unidad Popular, la DC fue quien representó el espíritu de Raúl Silva Henríquez de no manifestar abierta oposición conservadora frente a un gobierno socialista, sino de encauzarlo en la institucionalidad democrática. Con la dictadura, fueron los militantes de la suspendida DC los que recogieron el llamado de la Iglesia de recuperar la democracia y el respeto a los derechos humanos, luego que los excesos del régimen militar eran evidentes incluso para un partido que apoyó el golpe de estado. En democracia, la DC ha buscado verbalizar políticamente la doctrina social de la Iglesia en un contexto de consenso politico-económico, ejerciendo un veto en las fuerzas progresistas de la Concertación / Nueva Mayoría en lo que respecta a moral sexual y rara vez contradiciendo la posición inequívoca de la Iglesia, como ocurrió con la inclusión del divorcio en la nueva Ley de Matrimonio Civil. Por todo esto, el rol de la Iglesia Católica y de las direcciones de la Conferencia Episcopal de Chile son muy fuertes para decir que en la DC hay sólo inspiración valórica: la DC traduce las enseñanzas de la Iglesia a un idioma político contingente, como no lo hace ni la UDI ni RN, que se dicen más católicos en esencia.

Mi confirmación de esta representación corporativa se basa en dos puntos: (1) una suerte de unanimidad de parte de distintos sectores de la DC, como los representados por Ignacio Walker, Gutenberg Martínez y Jorge Pizarro, para acoger los planteamientos de la Iglesia y representarlos en el Senado y en la opinión pública; y (2) que lo expresado por la Iglesia Católica no versa sobre lo moral, sino sobre su rol como administradora de colegios, punto en el que, de acuerdo a lo expuesto antes, podría aceptar disyuntivas por parte de la DC.

Sobre el carácter de actor político de la Iglesia Católica, es una constante histórica que existe una confusión entre el poder espiritual de la Iglesia y el poder temporal que en la práctica ésta ejerce. En materia de reforma educacional, lo espiritual no está siquiera en discusión, siendo su labor educativa un aporte a la sociedad chilena que no se puede perder. El problema existe porque la Iglesia asume un rol militante respecto de temas temporales, que escapan a su infalibilidad moral para sus creyentes y a su labor evangélica, y mediáticamente confunde este discurso con la tarea pastoral. En este sentido, si se le critica a la Iglesia, se le critica como a un poder político paralelo y no como una institución religiosa. Cuando se suscita esta confusión, a veces desde el mismo clero, a veces desde los políticos que representan a la Iglesia, se genera un ambiente de anticlericalismo como reacción al incuestionable poder sobre las conciencias que ella tiene, cuyos extremos se encuentran en el México de los años 20 y en la España de la Guerra Civil. Por esto, tanto desde la Iglesia, como desde los católicos y también desde los no-católicos, debe existir la necesaria diferenciación de cuándo podemos escuchar a la Iglesia como guía espiritual de millones de chilenos y cuándo la Iglesia es una institución política que puede ser valorada o criticada.

La reforma educacional hoy es tema para la Iglesia Católica en su calidad de sostenedora escolar, más que en su rol de propender a la salvación de las almas, pues hoy se encuentran en discusión aspectos netamente administrativos y muy poco curriculares del sistema educacional chileno. Sin duda que a la Iglesia Católica le interesa que se permita el arriendo de inmuebles porque la alternativa de compra de éstos le puede resultar sumamente onerosa para una institución que no recibe los aportes de antaño, y como sostenedora escolar le es legítimo criticar la propuesta y buscar apoyos políticos. Lo que resulta cuestionable es que la Iglesia Católica haga uso de la espada espiritual para domar a quienes tienen la espada temporal, como también es cuestionable la poca transparencia de un partido político frente al uso de la espada de la Iglesia.

Te lo dice,

R.F.S.K.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Tropezar con la misma piedra

El cargo de Ministro de Educación es, probablemente, el más político de todos. Esto ocurre porque debe hacerse cargo de una realidad social ideológicamente muy cargada, buscando conciliar las distintas concepciones de la sociedad que tienen las personas, el rol del Estado frente a las libertades personales y los intereses de dos de los grupos de presión más incidentes de la sociedad chilena: los estudiantes y los profesores. Como las concepciones de sociedad entran en colisión al ser discutidas, las posiciones en materia de libertades son dogmáticas al hablar sobre educación y la posición de los grupos de presión suele buscar el interés propio más que el general, el escenario político que se presenta ante cualquier Ministro de Educación es de los más delicados, por cierto de los más desafiantes, pero también de los más fracasados, al menos desde 1990.

Si los Ministros de Hacienda son raramente removidos porque representan el consenso de oficialismo y oposición en el gobierno, los Ministros de Educación son siempre reemplazados porque ese consenso no existe respecto de su propia gestión. Incluso en la propia coalición de gobierno existen serias diferencias sobre cómo debe ser el rol del Estado en la economía, en la educación y en el conflicto social subyacente. Además, ante cualquier brote de conflicto con estudiantes y/o profesores, existe una mediatización que exige el cambio de ministro. Todo esto se refleja en que, desde 1990, casi todos los presidentes han cambiado a su Ministro de Educación en dos ocasiones, aunque desde el gobierno de Ricardo Lagos se produce el fenómeno de los reemplazos en un contexto de descontento de los actores educativos.

En Educación, generalmente el Presidente de turno designa al comienzo de su gobierno a una persona con experiencia política o técnica que genera expectativas de poder hacer una diferencia en las políticas educativas, las que no se ven cumplidas. Aylwin designó a Ricardo Lagos, quien dejó el cargo por aspiraciones políticas; Frei designó a Ernesto Schiefelbein, experto en la materia pero que por su poca habilidad política resultó sustituido en 6 meses; Lagos designó a Mariana Aylwin, mujer con experiencia en educación y política, pero que fue reemplazada por su mala relación con los grupos de presión; Bachelet designó a Martín Zilic, de experiencia universitaria, pero que no pudo controlar la crisis de 2006; Piñera designó a Joaquín Lavín, cuyo capital político en la derecha es indudable, pero quien tampoco pudo controlar las protestas de 2011. Todos los casos anteriores motivaron el nombramiento de personas con un perfil más cargado hacia la parte más débil de su antecesor (si era un ministro político, se designa a un técnico), con distintos resultados, pero generalmente privilegiando a políticos de más bajo perfil y que no entrasen necesariamente en conflicto con la oposición o con los movimientos sociales. Así, ningún gobierno desde 1990 ha logrado mejorar el escenario político en la materia, traspasándole al gobierno siguiente la responsabilidad cada vez más creciente de la reforma.

Hoy, Nicolás Eyzaguirre se encuentra en un escenario similar al de la mayoría de los primeros Ministros de Educación. Seguramente fue designado porque su gestión en Hacienda es aún valorada transversalmente, por lo que su capital político podía colaborar en una reforma difícil de lograr, más aún si requiere de una considerable inversión pública. Él mismo se ha encargado de señalar que no sabe mucho de educación, pero que con el esfuerzo de su equipo y del gobierno va a tratar de lograr un buen resultado. Lo real hoy día es que ninguno de los sectores que participan de sus decisiones se encuentra siquiera conforme con lo realizado por él: fuera de la opinión de quienes se oponen a la reforma educacional, él no ha participado activa y decisivamente ni en la redacción, ni en la negociación, ni en la aprobación parcial de la reforma; tampoco se ha relacionado inteligentemente con los estudiantes ni los profesores, siendo pasivo con los primeros e inexistente con los segundos. Además, su decisión de comenzar la reforma eliminando el copago, la selección y el lucro en lugar de generar primero un sistema público confiable que sustituya la demanda por colegios particulares subvencionados ha sido impopular en un sector de los padres y de la propia Nueva Mayoría. Por esto, y particularmente desde la semana pasada, es que transversalmente se está insinuando la necesidad de su reemplazo; y es altamente seguro que Eyzaguirre sea trasladado a otro ministerio, porque destituirlo sería un sonado fracaso para él, para la reforma y para Bachelet.

Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tan incidente puede ser la persona del Ministro de Educación?

Mi opinión es que, en un gobierno cuya presidenta delega todo en sus ministros, es imperativo que el Ministro de Educación sea una persona que tenga capacidad política, tanto para proponer, negociar y sobre todo para tomar decisiones políticamente incorrectas en el corto plazo, pero que pueden resultar positivas. En este sentido, se requiere de alguien que pueda reordenar las propuestas de la reforma, enfocándose primero en fortalecer la educación pública para luego disminuir las injusticias en la particular subvencionada; de alguien que asuma seriamente el tema de la gratuidad, de alguien que sepa recoger las ideas del estudiantado sin ser guiado por el peso mediático que éste tiene; de alguien que pueda privar al Colegio de Profesores de su veto en materias de evaluación y carrera docente; de alguien que argumente tanto en el Congreso como en los colegios y universidades sobre la educación como un derecho y no como un bien de mercado; de alguien que entienda que con la reforma educacional estamos buscando una nueva forma de relacionarnos entre las personas, sin segregación social, sin privilegiar el tener sobre el ser, sin asociar el éxito con la universidad y en la que todos podamos realizar responsablemente nuestra idea de felicidad. Cierto es que un ministro que tenga estas características no estará libre de las protestas o de la falta de consensos en el Congreso, pero lo anterior refleja un liderazgo que genera apoyo ciudadano y disciplina partidaria.

En conclusión, todas las personas que han ejercido este cargo con anterioridad han carecido de la comprensión de su labor como del poder para decidir con fuerza sobre el tema. Por esto, y ante un eventual cambio en la conducción, el ministerio socialmente más complejo de todos requiere de un político brillante, si no de un dictador a la usanza romana, que pueda por fin generar una reforma educacional a largo plazo y que sirva de piedra angular para la construcción de un nuevo Chile.

Te lo dice,

R.F.S.K.
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