lunes, 6 de abril de 2015

¿Acuerdo? No, justicia

El Caso Fraude al FUT, con sus aristas hacia el Grupo Penta y SQM, ha desnudado la relación dinero-política vigente al día de hoy, en la cual algunas empresas con serio interés político a favor de sus negocios hacen aportes a personas naturales y jurídicas relacionadas con partidos a cambio de prácticas elusivas de impuestos con la emisión de facturas sin servicio prestado. ¿Delito? Existe (y habrá que ver en qué casos). ¿Práctica dentro de la ley? Probablemente los casos de los políticos sí, pero no los de sus empresas, parientes o el chofer de Iván Moreira. ¿Práctica antiética? Absolutamente.

Mientras los políticos relacionados con el Fraude al FUT eran de oposición, todos éramos la reina de corazones y pedíamos que les cortaran la cabeza a los sentados en el banquillo de los acusados en aquella mediática audiencia de formalización de los ejecutivos de Penta. El gobierno, afilando el cuchillo a escondidas, repetía como loro aquel mantra laguista de "hay que dejar que las instituciones funcionen". Ahora, que el peso de la noche cae sobre políticos de la Nueva Mayoría y una red de apoyos basada en el parentesco y el clientelismo, comienzan a surgir señales de retroceso en los ataques y las condenas públicas. Primero, la Presidenta Michelle Bachelet, en el contexto del Caso SQM, dijo "No destruyamos la honra de personas que a lo mejor no han hecho nada" y habló de "linchamiento", palabra no menor. Luego, el Presidente del PPD, Jaime Quintana, expuso que el Ministerio Público estaba haciendo una "puesta en escena" y que estaba "pasando a llevar personas".

De un mes a otro pasamos de un clásico "Todos contra la UDI" a un incómodo "la muchedumbre (con la ayuda de la Fiscalía) contra sus políticos". Así las cosas, se avizora con mayor realidad un escenario de acuerdo nacional basado en el aporte que el transversal Consejo Asesor Presidencial ofrezca en materia de financiamiento político y conflicto de intereses. Pareciera ser lo más adecuado para evitar escenarios apocalípticos como una asamblea constituyente o la irrupción de partidos nuevos y distintos a los que hoy participan en el parlamento.

Algunas ideas...

1. Le tenemos miedo a la deliberación. Desde que comenzó el Caso Penta con su morbo asociado que han salido voces del empresariado y la política condenando la mediatización de las audiencias y que el público se haga parte de este juicio, comparando la audiencia de formalización con los juicios nazis y stalinistas. Ahora que la mediatización avanza hacia la Nueva Mayoría, la Presidenta habló de linchamiento (como reminiscencia del femicidio político del que ella dijo ser víctima en el pasado). Esto muestra que la fe en las instituciones llega hasta que las personas saben cómo funcionan.

A diferencia del establishment, creo que lo mejor que le puede pasar a nuestro sistema político es que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo, que aprovechemos que las instancias son públicas para educarnos y opinar con fundamento sobre éste y otros casos (no sólo los delitos con armas de fuego, que ahí los empresarios y políticos no tienen problemas en ser morbosos) y sobre todo que podamos generar, en base a nuestro conocimiento y opinión, un mejor estándar ético de nuestros políticos y empresarios. Con esto, eliminamos la indiferencia frente a lo público y creamos una ciudadanía activa en el ejercicio de sus derechos y deberes.

2. Le tenemos miedo a los procesos judiciales. Algo le dice a las personas que pisar el edificio de un tribunal o contratar un abogado es sinónimo inmediato de problemas y de estigmas negativos. Si bien hay gran dosis de morbo cuando hay políticos en el banquillo de los acusados, quienes quedan con la imagen de delincuentes son aquellos políticos que poco y nada hacen para recuperar la confianza perdida ante una sospecha fundada de delito.

La Nueva Mayoría tiene un trauma grande al respecto, porque tuvo varios militantes procesados por casos de corrupción. La Alianza también tiene su trauma, al vivir por años con el temor a tener militantes enjuiciados por la responsabilidad de los civiles en dictadura. Sin embargo, su miedo a ser acusados y recurrir a acuerdos amnésicos para evitar juicios tiene consecuencias nefastas: genera la sensación que los Tribunales de Justicia, particularmente los penales, sólo operan en contra de la gente pobre y de quienes no gozan de redes políticas. Eso conduce a la muerte del Estado de Derecho que tanto procuran defender.

3. La confianza se gana, no se presume. Desde la UDI al PS han habido voces alzándose contra la pérdida de confianza en la política, con todos los efectos posibles. Sin embargo, y desde ya existiendo al menos sospechas serias de irregularidades en los principales partidos políticos, ninguno de ellos ha dado señales para fortalecer la confianza con la ciudadanía. En este sentido, todos presumen ser confiables hasta que haya una condena judicial; y si la hay, todo se resuelve con suspender o expulsar militantes.

La UDI sigue firme con la doctrina de Jovino Novoa de negarlo todo y apretar los dientes, pero los demás partidos, que aparentemente tienen una relación menos directa con las empresas que los financian, podrían dejar de esperar que la gente los persiga y entregar todo antecedente que tengan, explicitar las fórmulas de financiamiento y modificar las que generen conflictos de interés. Además, la Nueva Mayoría debería, de una vez por todas, mejorar la incorporación de parientes en actividades políticas, pues sólo se prestan para sospechas.

4. Faltan iniciativas propias de transparencia. En línea con lo anterior, me gustó cómo procedió Marco Enríquez-Ominami al respecto. Apareciendo su padre, Carlos Ominami, como receptor de aportes desde SQM a través de la Fundación Chile 21, M.E-O lo informó y expresó que no habrán defensas corporativas, debiendo cada uno hacerse responsable de sus actos, incluso alguien así de cercano. Luego, consultó a todos sus colaboradores si habían facturado a favor de Penta, SQM u otras empresas objeto de investigación, haciendo públicos los casos de quienes habían efectuado facturas en período de campaña y señalando si habían servicios prestados en dichas facturas, como fue el caso de un publicista que trabajó para sus 2 campañas presidenciales

M.E-O la tiene muy clara: "Quien nada hace, nada teme". Ante esto, la UDI sólo ha esperado la judicialización del caso, RN se escuda en una suspensión de militancia y los partidos de la antigua Concertación no ven problemas hasta ahora en sus relaciones engorrosas con SQM, mientras que el PC se ha descolgado, pero guardando prudencia en su coalición. Creo que no se debe esperar la legítima furia ciudadana para poder mostrar probidad.

5. La solución está en la ciudadanía, no en un acuerdo. No me cansaré de decir que la gente tiene a los políticos que se merece, porque pudiendo apoyar a políticos que no tienen nada que perder, prefiere votar por diablos conocidos, por caballo ganador o por el político que ofreció pagar sus cuentas de gas. Mientras sigamos así, seguiremos teniendo políticos que requieren de fondos y de empresas para hacer política, cuando una política bien hecha no requiere de grandes cifras, de ciudades empapeladas y de un merchandising irrisorio para llegar al votante: sólo requiere de un discurso y de personas dispuestas a comprometerse con él.

La ciudadanía es el único filtro de la mala política, pero para ello requiere de información real y seria sobre el estado de sus representantes. Por esto, necesitamos que se haga justicia en torno a todo el entramado de relaciones irregulares tras el juego del poder, correspondiéndonos a todos nosotros dejar que el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos y los Tribunales de Justicia hagan cumplir las leyes.

Te lo dice,

R.F.S.K.
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