martes, 26 de mayo de 2015

Salud mental

Desde hace algún tiempo que estoy pasando por un cuadro depresivo. No es primera vez que me ocurre y espero que, de repetirse en el futuro, sepa sobrellevarlo mejor. Se trata de una enfermedad muy difícil de entender, porque uno se repite en esos momentos de angustia, "¿Qué hice para tener esto? Porque no es un virus, no es un cáncer, no es un órgano deteriorado o una arteria obstruída". Si uno que pasa por esto no entiende, menos va a entender el entorno o la sociedad sobre cómo relacionarse con una persona con depresión.

Fuera de las discusiones desgastantes que tengo cuando hablo del tema, doy gracias a que tengo una familia que me ayuda en la medida que quiere verme mejor, vivo en un entorno humano que tiene un grado de comprensión del tema y puedo acudir a un psiquiatra y a un psicólogo para poder tratar mi enfermedad. Puedo ver las cosas con un poco de perspectiva gracias a que los aspectos clínicos y sociales que implica la depresión están siendo abordados.

Lo que debería ser un estándar frente a la depresión y otras enfermedades mentales es, en realidad, un privilegio de algunos. No debería serlo.

De acuerdo al Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, los problemas existentes en Chile en relación a la salud mental son los siguientes:

  • La brecha persistente entre la demanda de y el acceso a atención en salud mental;
  • La falta de disponibilidad de atención primaria en salud mental: en 2011 existían 21 comunas y 486 establecimientos en los que el programa no tenía cobertura;
  • Las importantes brechas en las horas de atención en salud mental disponibles en algunos territorios del país que coinciden con comunas socioeconómicamente vulnerables;
  • Un mayor rechazo de las licencias médicas derivadas de problemas de salud mental al comparárseles con otros problemas de salud; y
  • Ausencia de planes y/o estrategias específicas para atender la necesidades de niñas y niños reconocidos como grupos vulnerables.


Lo que aquí se expresa es fuerte. En lo social, existe un sistema público mínimo de salud mental y que ni siquiera se encuentra dirigido a los grupos que más requieren de protección, con lo que el acudir a terapias es más propio de un sistema privado, no siendo siquiera eficaz la inclusión de la depresión en el Plan AUGE. En lo laboral, nuestros empleadores y sus asociados no tienen idea de lo que implica el estrés, la depresión o los desórdenes alimenticios; y como no es un bicho ni se refleja en una radiografía, tenemos gente que no puede darse la pausa necesaria que les permita tratar su enfermedad. Lo que es más grave en mi opinión es que el Estado cae en la desidia o apela a la baja rentabilidad electoral del tema cuando desconoce lo importante que es la educación sobre la salud mental, pues con un programa bien ejecutado en la infancia/adolescencia se puede concientizar a la sociedad sobre cómo podemos prevenir ambientes emocionalmente contaminados y sobre cómo podemos relacionarnos mejor con personas que sufren trastornos o desórdenes mentales, lo cual es positivo no sólo para los enfermos, sino para sus familias y para la sociedad entera que gana personas activas.

Podríamos seguir mucho tiempo con los ejemplos de abandono en la salud mental, que van desde recintos hospitalarios que no tienen la higiene necesaria para que sus médicos puedan darle un trato digno a sus pacientes, hasta personas que se destruyen a sí y a sus familias porque no tienen idea que sufren de una enfermedad que puede ser tratada. Sin embargo, quienes hemos sufrido alguna enfermedad o quienes vivimos con un ser querido que ha pasado por ello debemos entender que en Chile todo problema que resulta políticamente residual debe ser expresado como de costumbre: en la calle y frente a la ciudadanía.

Yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer para que el Ejecutivo y el Congreso no sólo aprueben un presupuesto digno (del presupuesto total de salud, Chile destina el 3% a salud mental, cuando el estándar recomendado es el 10%), sino que además establezcan un programa serio, para todas las edades y todas las clases sociales? ¿Cómo podemos nosotros, independiente de lo que haga el Estado pero sin descuidar su rol primordial, ayudar a que la salud mental sea un tema en los lugares con mayor grado de interacción social (establecimientos educacionales, lugares de trabajo)? ¿Cómo generar conciencia y hacer que otros se muevan para crear ambientes libres de contaminación emocional, donde valoremos a las personas y las ayudemos a tener respeto por sí mismas?

No peco de sinceridad si digo que me gustaría, una vez que termine lo que debo terminar, trabajar comprometidamente por el derecho humano de la salud mental.


Te lo dice,

R.F.S.K.

martes, 12 de mayo de 2015

Sobre el cambio de gabinete

1. Estrategia inteligente

Frente a la pugna interna de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet buscó una solución intermedia y de más bajo perfil para designar a su equipo político. A la Vieja Guardia y a quienes conservan una idea señorial de la política, se les concedió el cambio de todos los ministros del área política, principalmente la salida de Rodrigo Peñailillo, cuya influencia y confianza era cada vez menor. Sin embargo, la Presidenta no recurrió a los cuarteles de invierno de la vieja Concertación para tener a un hombre de peso en Interior o un negociador experto en Presidencia, ni tampoco buscó dejar contentos a los viejos líderes que aún tienen poder de veto en la política de gobierno, sino que nombró a políticos con experiencia previa, sin agenda propia y, en el caso de ambas secretarías generales, con menor edad a la usual en dichos cargos.

Sin estar necesariamente de acuerdo con su nombramiento en Interior -creo que se debe insistir en figuras jóvenes, apostando a la renovación de liderazgos-, Jorge Burgos representa una señal tranquilizadora para todos quienes estaban exaltados, pero sin causar un temor justificado en los sectores reformistas, porque se trata de un político responsable que no va a buscar competir u oponerse a las directrices presidenciales. Da la impresión que, en lugar de decir "esto se hace o no se hace", va a ser quien diga "qué podemos hacer para lograr tal o cual objetivo", lo que se agradece en cualquier gobierno.

Mi duda dice relación con la misma que tengo desde que asumió Bachelet: siendo su programa de gobierno algo muy laxo, ¿qué postura tendrán los ministros políticos frente a la actividad de los reformistas en el Congreso? ¿Van a decir "esto no estaba en el programa, por lo que no se hace" o van a analizar si es un complemento real a la iniciativa de gobierno? El perfil de ambos negociadores -Burgos e Insunza- pareciera ser de la primera línea.


2. No todos pueden ser ministro

Cuando se designó a Peñailillo en Interior, muchos valoraron el hecho de haber elegido a un político joven en lugar de un pánzer experimentado. Además, se trataba de un político de región, hijo de la educación pública de dictadura y cuyos orígenes son más comunes a los de la mayoría de los chilenos. Algo parecido ocurría con Alberto Arenas en Hacienda. Con esto, Bachelet, deliberadamente, buscaba abrir el poder hacia quienes hicieron mérito en el pasado, más que a personas ungidas por los partidos políticos.

No es casual que ambos ministros hayan sido los más buscados desde un comienzo y cuya cabeza puesta en la plaza pública sea motivo de jolgorio en la Bolsa de Comercio. Más allá de los problemas de facturas de Peñailillo y de los gravísimos problemas comunicacionales de Arenas, ambos representaban una forma distinta, más confrontacional y comprometida con las reformas estructurales. Sin que lo hayan dicho, eran la antítesis de la política de los acuerdos, pues les bastaba el apoyo presidencial y la mayoría en ambas cámaras para poder realizar su gestión. No hacían política desde la cocina, lo que se valora mucho; pero pudiendo hacer política más ciudadana, se enfocaron en sus despachos y en la cercanía con la Presidenta. Al final, ambos políticos, los más relevantes en la elaboración del programa, se fueron quedando solos con la Presidenta... y al afectarla, debieron irse.

Independiente de los errores (a veces grotescos) que ambos ex-ministros cometieron, hoy pareciera que para ser ministro no basta el esfuerzo y la confianza presidencial. Hay que pertenecer al círculo del poder, contando con la anuencia de todo el oficialismo (con lo disgregado que es), de toda la oposición y de los poderes fácticos (empresariado, medios de comunicación, etc.). Es correcto, entonces, hablar de clase política.


3. Vuelve la aristocracia económica

Excepcionalmente me voy a auto-citar. Hace varios meses escribí sobre la existencia de una aristocracia económica, en virtud de la cual los Ministros de Hacienda deben ser personas de buena situación social, educación en ciertas universidades estadounidenses, compromiso con la economía social de mercado, nula opinión política, labor esencialmente técnica e interlocutores del gobierno con el sector privado. Alberto Arenas era el primer Ministro de Hacienda que no pertenecía a dicha aristocracia, lo que me parecía importante. Si bien era lógico que tuviese un perfil más confrontacional por su apoyo a reformas muy resistidas por el sector privado, su pésima comunicación con todos los actores políticos terminó haciéndolo caer en desgracia.

Pudiendo ser interesante que la Presidenta designara a otro político en Hacienda, perseverando en la idea de una economía democrática, designó a Rodrigo Valdés, que posee el perfil clásico de un Ministro de Hacienda. Como recién ha asumido, habrá que darle su oportunidad, pero su perfil de investigador y funcionario de instituciones económicas internacionales indica que no va a tener un rol protagónico en las reformas aún no aprobadas, sobre todo la reforma laboral. Esperemos que comunicacionalmente haga lo que no hizo Arenas, pero sería positivo que rompiera con la idea de la aristocracia económica y se comprometiera inteligentemente con reformas rechazadas por una visión bananera de la sociedad.


4. La vaca sagrada

A muchos nos sorprendió que no destituyeran a Nicolás Eyzaguirre de Educación. Ha sido uno de los ministros que más mal ha liderado su labor, pese a que obtuvo la aprobación de una primera fase de la reforma educacional. Si entendemos este cambio como un segundo tiempo de la Administración Bachelet, Educación se merece un segundo tiempo, sobre todo estando pendientes la gratuidad en la educación superior y las reformas propiamente curriculares, pues no se percibe en la ciudadanía que Eyzaguirre tenga la capacidad para liderar con tranquilidad el esfuerzo.

Comentándolo en la mañana con una amiga, ella me señaló una opinión que parece asentada: a Eyzaguirre no lo van a sacar porque si lo sacan es sinónimo de fracaso. Eso mismo decían con Joaquín Lavín en la Administración Piñera... y él sí que era una vaca sagrada, al punto que si lo echaban, era creíble una retirada de la UDI del gobierno... pero se ocultó el fracaso en la forma de un enroque ministerial. ¿Por qué no asumir la necesidad de un segundo aire y sacar a Eyzaguirre, cuyo cambio no significaría la retirada del PPD? Si Bachelet asumió que hubo errores en Interior y en Hacienda, que son ministerios sumamente mediáticos, ¿por qué no asumir los errores en Educación? ¿Miedo a una insurrección estudiantil? ¿Déjà vu de 2006?


5. ¿Democracia? ¡Las pelotas!

Luego del cambio de gabinete, las palabras que más se repetían entre los nuevos ministros políticos, los presidentes de partidos y el empresariado eran "acuerdo", "consenso", "diálogo". Sin duda que las 3 palabras son importantes en todo gobierno, pues tiene que existir siempre un entendimiento de muchas personas para poder ejercer el poder en forma pacífica y razonable. El tema es que también entendemos que no es posible lograr unanimidad en el ejercicio del poder, ni acercarnos siquiera a ella. Por eso es que hemos desarrollado procedimientos de toma de decisión democrática, por los cuales una decisión general requiere de un quórum, con tal que esa decisión no implique pérdida de derechos esenciales de los disidentes. Si existe dicho quórum, un gobierno es sustentable de por sí. Si no existe, se requieren acuerdos mayores con quienes piensan distinto.

La Nueva Mayoría urgió a todos los chilenos a votar por ellos para alcanzar un quórum que le permitiera gobernar y cumplir con su programa. Salvo reformas constitucionales mayores, hoy el oficialismo tiene los votos para desarrollar buena parte de su programa, sin necesidad de entrar en un diálogo desgastante y mentiroso con sectores que no desean las reformas programáticas, como la UDI y buena parte de RN. Sin embargo, como si aún viviéramos en los 90' con el miedo a un golpe de Estado, la NM aspira a los acuerdos con ambos sectores opositores. En otras palabras, la NM no hace uso de la legitimidad democrática para gobiernar y cumplirle a sus electores.

Es verdad que hay que dar señales a la gente que no comulga con el gobierno, pero no por ello se les puede conceder un poder que democráticamente no tienen. No pueden tener un veto en decisiones presidenciales ni afectar decisiones legítimas de un gobierno mayoritario. En este sentido, los nombramientos ministeriales de Burgos en Interior, de Valdés en Hacienda y sobre todo el de Ximena Rincón en Trabajo van en desmedro de las reformas que convencieron a la ciudadanía a votar por Michelle Bachelet.


Como dice mi abuela, ojalá les vaya bonito.

Te lo dice,

R.F.S.K.

jueves, 7 de mayo de 2015

Esto le pasa a Chile

Hace algunas horas, la Presidenta Michelle Bachelet anunció en el especial de televisión "¿Qué le pasa a Chile?" que le había solicitado la renuncia al gabinete en pleno, dándose un plazo de 72 horas para aceptar las renuncias de los ministros y, de acuerdo a sus palabras, "no hacer cosas que resulten más mal".

Siendo todo muy rápido e inesperado, dentro de lo eventual que era un cambio de gabinete, hay una suerte de consenso entre todos los sectores que en el gobierno de Bachelet las cosas se están haciendo mal y que es momento de ajustes. Muy deplorable será la forma en la que esto se hizo -por televisión, en un programa de conversación del canal de propiedad de uno de los partícipes del Caso Caval, sin haber sido informados los partidos de la Nueva Mayoría y en medio del juicio con Bolivia en La Haya-, pero sin duda que, dentro de las pocas medidas que puede tomar Bachelet para enmendar el rumbo, tomó una medida adecuada.

Pero siendo una medida adecuada, hay que ver qué lectura hace la Presidenta de la situación...

A mí modo de ver, esto le pasa a Chile:

1. Hay una crisis de confianza. No es tan necesario explayarse en ello ante todos los casos conocidos. Sin embargo, pareciera resaltarse más la confianza que debe tener el empresariado frente al gobierno que la confianza mutua entre gobernantes (y dentro de ellos, los empresarios) y gobernados. En el primer caso, considerando que las reformas emprendidas por este gobierno son el estándar de los países desarrollados, la desconfianza sólo responde al capitalismo bananero de nuestros empresarios, por lo que sólo debe asegurárseles que las reformas serán hechas mediante procedimientos legales y respetando derechos adquiridos. En el segundo caso, hay algo más grave y que dice relación con la existencia de una democracia aristocrática que ve en la participación ciudadana un riesgo de caos institucional, desechando todo mecanismo de participación directa por atentar contra el recto ejercicio del poder; y así como los políticos desconfían del pueblo, el pueblo no percibe a los políticos como sus pares, sino como una casta de personas educadas en el barrio alto de Santiago y que se reparte el poder de acuerdo a redes clientelistas y de parentesco, ejerciéndolo con soberbia y sin mayores escrúpulos.

¿Cómo ayuda un cambio de gabinete a esta crisis? En un régimen presidencialista, un cambio de gabinete sólo sirve si los ministros tienen agenda propia dirigida a establecer puentes entre gobernantes y gobernados, o si los ministros son obedientes ejecutores de las órdenes presidenciales. Por esto, es muy importante que la primera persona comprometida con establecer estos puentes sea la propia Presidenta. En este sentido, me parece que el compromiso con una reforma constitucional abierta a la democracia y de una reforma laboral que equilibre la relación empleador-trabajador mediante la negociación colectiva son los instrumentos del programa de gobierno a los que deben comprometerse Bachelet y sus futuros ministros. ¿Habrá compromiso real?

2. Hay ingobernabilidad en la Nueva Mayoría. Por más que los presidentes de los partidos nos digan que están todos alineados con el programa de la Presidenta, todos sabemos que hay serios problemas. Existe una Vieja Guardia, compuesta por los protagonistas políticos del Plebiscito de 1988, y una Nueva Guardia, integrada por quienes no tenían derecho a voto para dicho Plebiscito. Hay una pugna permanente entre el progresismo y la alianza histórica del PDC y el PS. Hay sectores aristocráticos en todos los partidos y hay sectores de base que rara vez son escuchados y representados. Hay quienes desean ampliar la Nueva Mayoría al PRO y hay quienes no quieren ver ni en pintura a Marco Enríquez-Ominami. ¡Para qué decir de las diferencias valóricas entre cristianos practicantes y quienes no lo son! En fin, la Nueva Mayoría sigue siendo la misma bolsa de gatos que se desordenó en la Primera Administración Bachelet y que se alineó sólo para volver a La Moneda.

Si bien se puede convivir dentro de la diversidad (prueba de ello son los regímenes parlamentarios, al que creo hay que darle su justa oportunidad en Chile), el problema se ha dado principalmente entre las 2 generaciones de la NM y se ha evidenciado en la crítica o respaldo a Rodrigo Peñailillo. Mientras muchos valoran su lealtad al programa de la Presidenta y su forma menos señorial de la política, otros se enfocan en su inexperiencia y su escaso piso político frente a los partidos políticos. Así, se llegó al extremo de tener como interlocutor político válido a Mahmud Aleuy, representante de la Vieja Guardia en el Consejo Político.

¿Cómo ayuda un cambio de gabinete a la ingobernabilidad? Ratificando a todos los ministros que han combinado buena gestión con lealtad al programa de las 4 reformas estructurales, prescindiendo del cuoteo entre las distintas facciones de los partidos (acá Bachelet se ganaría un jumbito, demostrando que ella tiene el poder de decidir). Mi apuesta en este sentido es que Rodrigo Peñailillo va a dejar Interior (y Aleuy con él), pero tampoco que un peso pesado de la política como Camilo Escalona o Soledad Alvear asuma dicha cartera. Incluso, considerando el respaldo público que tiene como la cercanía con la Presidenta, no me parece descabellado que quien pueda asumir una vez terminados los alegatos de La Haya sea Heraldo Muñoz.

3. No sabemos bien qué quiere el gobierno. Aquí está la madre del cordero. Todos entendemos que la hoja de ruta del actual gobierno, casi como un dogma, es El Programa: si está propuesto en él, debe hacerse; si no está, no hay por qué plantearlo; si se piden definiciones dentro del mismo, no es necesario hacerlas en el momento. Si bien hay declaraciones que no son políticamente neutras ("nueva Constitución", "reforma tributaria para financiar la educación", "reforma laboral pro-sindical", "educación pública, gratuita, de calidad y para todos"), son propuestas indefinidas. Ya hemos visto que las reformas han ido cambiando en su génesis, generalmente en la discusión parlamentaria, pero sin que el gobierno plantee de manera firme su opinión, generándose así reformas cuyos efectos estructurales son más bien tenues o no apuntan necesariamente al objetivo que convenció a la ciudadanía en las elecciones.

El problema es aún mayor cuando se trata de materias extraprogramáticas. Cuando se requieren medidas en algo que no se encuentra dentro del programa, como son las medidas contra la corrupción, se vuelve a la fallida política de las comisiones, dejando que el consenso transversal genere medidas que resulten adecuadas para todos. Cuando ocurre algo que nunca está en los planes de nadie, como los desastres naturales, la población tiene siempre la sensación que no hay nadie a cargo, que se le está ocultando la información y que no existen políticas de prevención.

Aquí sí que no ayuda el cambio de gabinete, pues aunque existan ministros capaces y leales al programa de gobierno, la realidad política en Chile es mucho más disgregada y requiere de una voz de mando que interprete y aclare los puntos del programa que se prestan para vaguedades y frustraciones. Sin esta voz, la ciudadanía tiene hoy día al actual gobierno con una de los rechazos más grandes desde 1990. Aquí se requiere de compromisos, de opiniones, de DECISIONES (con todo el énfasis). Lamentablemente, Michelle Bachelet no entiende que ella es Jefa de Estado Y ADEMÁS de Gobierno, por lo que debe tomar decisiones conforme a sus principios políticos (¿socialistas?) que la orientan en su búsqueda del bien común. En esto, debe decirles a los ministros y a su coalición de gobierno que no da lo mismo cualquier Constitución, que la reforma laboral debe fortalecer a los más desvalidos en la relación laboral, que se eliminará el apartheid educacional integrando a los estudiantes de las distintas ciudades de Chile y que primero está la probidad y transparencia, por sobre las lealtades partidarias y familiares.


Esperemos que, más allá de nuestro apoyo o crítica, el nuevo gabinete de la Presidenta ayude a dar confianza y gobernabilidad, pero más que un cambio de gabinete, Bachelet debe cuestionarse su forma de gobernar. Aún está a tiempo.


Te lo dice,

R.F.S.K.
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