sábado, 28 de diciembre de 2013

Idea loca Nº 1: Prohibir la publicidad de educación superior

Luego de ver una publicidad de una universidad cuyo nombre dice relación con el rey de la selva, se me ocurrió la siguiente idea loca: se debería prohibir la publicidad pagada de instituciones de educación superior.

Pensemos más allá de los tabúes de las prohibiciones en un Estado liberal y democrático y analicemos la idea.

En materia de la publicidad universitaria (la más preocupante, por el mito que "la universidad te garantiza el éxito"), podríamos agrupar a las actuales instituciones en 3:

a) Universidades de excelencia del CRUCH: Requieren poca o nula publicidad. Si la requieren, es para hacer presente su existencia en épocas de PSU, para publicitar una nueva sede o carrera o para captar gente de otras ciudades. Usan apenas un emblema y un slogan, porque quienes desean ingresar en dichas instituciones sabrán buscar lo demás. Consiste esencialmente en publicidad estática.

b) Universidades del CRUCH de menor ranking y universidades privadas con acreditación alta: Ambas requieren de publicidad para captar gente con buen puntaje para financiarse, pero con distintos mensajes. Las primeras, generalmente de regiones, apelan a su carácter tradicional o público. Las segundas, principalmente de Santiago, se muestran como competencia a las de excelencia tanto en infraestructura como en plantel y en egresados. Hacen presente sus carreras, profesores y rankings. Usan indistintamente publicidad estática como audiovisual.

c) Universidades privadas con acreditación mínima o nula: Hacen uso de gran cantidad de publicidad en todos los medios posibles. Buscan tener la mayor cantidad de estudiantes, tengan o no buen puntaje, para financiar los planes de desarrollo de la universidad y, eventualmente, mejorar su status. Por lo mismo, invitan a los estudiantes mediante frases como "vamos que se puede", "aquí pueden entrar todos" y "te ayudamos a cumplir tus sueños". Presentan a sus profesores o egresados más mediáticos y a estudiantes que podrían estar en cualquier propaganda de retail.

Las primeras casi no usan publicidad formal, pues su verdadera forma de incorporar buenos estudiantes es con su historia y sus ex-alumnos. Las segundas usan bastante publicidad, pero la requieren más por un tema de competencia darwiniana, pues se trata de instituciones con tradición o que son emergentes, que cumplen con aportar masa crítica a la sociedad en cierta forma y que tienen exigencias tanto en el acceso como en los estudios. Incluso, si se justificara su publicidad, pareciera ser que existe concordancia entre la realidad de la institución y el mensaje que se da, no habiendo engaño.

Pero en las terceras instituciones, la publicidad no es más que una forma de dirigirse al 40% de la población que no entiende lo que lee, aprovechándose de dicha circunstancia e induciéndolo a una decisión por factores poco relevantes y que no se condicen en nada con la realidad de la institución y sus egresados. Todo esto por un tema de financiamiento más que de cumplimiento con una misión educacional.

Como sociedad, no podemos ser indiferentes a las decisiones que cada uno tome. Es verdad que somos libres para decidir si salvar el mundo o comer caca. Sin embargo, cuando un buen grupo de la población empieza a comer caca, derechamente comprar títulos profesionales que no le sirven para trabajar en lo que se estudió y convertirlos en esclavos ilustrados y endeudados, es un problema que afecta el bien común y se debe actuar de manera oportuna y salvaguardando los derechos de tanto estudiantes como instituciones.

Prohibir la publicidad de pago propio ayudaría a evitar que instituciones se aprovechen de gente que ya ha sido víctima de la educación básica/media. Ante la falta de voladores de luces, estas personas se informarán mediante datos objetivos, en un lenguaje comprensible y enfocado exclusivamente en lo educacional, haciendo presente exigencias, beneficios y calidad comprobable. Estos datos pueden ser entregados por instituciones públicas como el Consejo Nacional de Acreditación o por instituciones privadas como fundaciones y centros independientes de estudio, creando una batería desinteresada de opciones para que los jóvenes y sus padres puedan tomar una decisión responsable.

¿La libertad de enseñanza? No se afecta, porque esas instituciones pueden seguir funcionando y nadie le pone una pistola al cabro de 18 para que estudie en tal o cual universidad. ¿La libertad de emprendimiento? El que quiera y cumple con la ley puede abrir y mantener una universidad, dándola a conocer a través de información pública y gratuita. ¿Discriminación arbitraria? Para nada, pues ninguna institución puede pagar por su publicidad y no se está diciendo con fondos públicos que la universidad A es buena y la B es mala. ¿La libertad de expresión? Aquí puede haber un problema, porque tenemos derecho a engañar. Sin embargo, cuando varias personas jurídicas engañan a mucha gente, existe un perjuicio social que la ley debe prevenir, más aún cuando dicho perjuicio puede ser irreparable por jugar con el destino de las personas.

Los invito a pensar en esta idea loca. Creo que puede ser una buena medida en aras de una educación de calidad basada en instituciones socialmente responsables.

Te lo dice,

R.F.S.K.
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