Luego de ver una publicidad de una universidad cuyo nombre dice relación con el rey de la selva, se me ocurrió la siguiente idea loca: se debería prohibir la publicidad pagada de instituciones de educación superior.
Pensemos más allá de los tabúes de las prohibiciones en un Estado liberal y democrático y analicemos la idea.
En materia de la publicidad universitaria (la más preocupante, por el mito que "la universidad te garantiza el éxito"), podríamos agrupar a las actuales instituciones en 3:
a) Universidades de excelencia del CRUCH: Requieren poca o nula publicidad. Si la requieren, es para hacer presente su existencia en épocas de PSU, para publicitar una nueva sede o carrera o para captar gente de otras ciudades. Usan apenas un emblema y un slogan, porque quienes desean ingresar en dichas instituciones sabrán buscar lo demás. Consiste esencialmente en publicidad estática.
b) Universidades del CRUCH de menor ranking y universidades privadas con acreditación alta: Ambas requieren de publicidad para captar gente con buen puntaje para financiarse, pero con distintos mensajes. Las primeras, generalmente de regiones, apelan a su carácter tradicional o público. Las segundas, principalmente de Santiago, se muestran como competencia a las de excelencia tanto en infraestructura como en plantel y en egresados. Hacen presente sus carreras, profesores y rankings. Usan indistintamente publicidad estática como audiovisual.
c) Universidades privadas con acreditación mínima o nula: Hacen uso de gran cantidad de publicidad en todos los medios posibles. Buscan tener la mayor cantidad de estudiantes, tengan o no buen puntaje, para financiar los planes de desarrollo de la universidad y, eventualmente, mejorar su status. Por lo mismo, invitan a los estudiantes mediante frases como "vamos que se puede", "aquí pueden entrar todos" y "te ayudamos a cumplir tus sueños". Presentan a sus profesores o egresados más mediáticos y a estudiantes que podrían estar en cualquier propaganda de retail.
Las primeras casi no usan publicidad formal, pues su verdadera forma de incorporar buenos estudiantes es con su historia y sus ex-alumnos. Las segundas usan bastante publicidad, pero la requieren más por un tema de competencia darwiniana, pues se trata de instituciones con tradición o que son emergentes, que cumplen con aportar masa crítica a la sociedad en cierta forma y que tienen exigencias tanto en el acceso como en los estudios. Incluso, si se justificara su publicidad, pareciera ser que existe concordancia entre la realidad de la institución y el mensaje que se da, no habiendo engaño.
Pero en las terceras instituciones, la publicidad no es más que una forma de dirigirse al 40% de la población que no entiende lo que lee, aprovechándose de dicha circunstancia e induciéndolo a una decisión por factores poco relevantes y que no se condicen en nada con la realidad de la institución y sus egresados. Todo esto por un tema de financiamiento más que de cumplimiento con una misión educacional.
Como sociedad, no podemos ser indiferentes a las decisiones que cada uno tome. Es verdad que somos libres para decidir si salvar el mundo o comer caca. Sin embargo, cuando un buen grupo de la población empieza a comer caca, derechamente comprar títulos profesionales que no le sirven para trabajar en lo que se estudió y convertirlos en esclavos ilustrados y endeudados, es un problema que afecta el bien común y se debe actuar de manera oportuna y salvaguardando los derechos de tanto estudiantes como instituciones.
Prohibir la publicidad de pago propio ayudaría a evitar que instituciones se aprovechen de gente que ya ha sido víctima de la educación básica/media. Ante la falta de voladores de luces, estas personas se informarán mediante datos objetivos, en un lenguaje comprensible y enfocado exclusivamente en lo educacional, haciendo presente exigencias, beneficios y calidad comprobable. Estos datos pueden ser entregados por instituciones públicas como el Consejo Nacional de Acreditación o por instituciones privadas como fundaciones y centros independientes de estudio, creando una batería desinteresada de opciones para que los jóvenes y sus padres puedan tomar una decisión responsable.
¿La libertad de enseñanza? No se afecta, porque esas instituciones pueden seguir funcionando y nadie le pone una pistola al cabro de 18 para que estudie en tal o cual universidad. ¿La libertad de emprendimiento? El que quiera y cumple con la ley puede abrir y mantener una universidad, dándola a conocer a través de información pública y gratuita. ¿Discriminación arbitraria? Para nada, pues ninguna institución puede pagar por su publicidad y no se está diciendo con fondos públicos que la universidad A es buena y la B es mala. ¿La libertad de expresión? Aquí puede haber un problema, porque tenemos derecho a engañar. Sin embargo, cuando varias personas jurídicas engañan a mucha gente, existe un perjuicio social que la ley debe prevenir, más aún cuando dicho perjuicio puede ser irreparable por jugar con el destino de las personas.
Los invito a pensar en esta idea loca. Creo que puede ser una buena medida en aras de una educación de calidad basada en instituciones socialmente responsables.
Te lo dice,
R.F.S.K.
