domingo, 19 de octubre de 2014

No queremos dinero

El Caso Penta ha generado diversos efectos mientras aún se investiga: se evidencian los grandes aportes empresariales que recibe la derecha política, se cuestiona la forma en la que buena parte de los partidos se financia (porque no digamos que la Nueva Mayoría se financia a punta de rifas y bingos), se produce una guerra de dimes y diretes entre oficialismo y oposición y pareciera ser que, como el 99% de los problemas políticos que involucran a ambos sectores, todo se resolverá con un acuerdo transversal. Además, como efecto colateral, se consolida el divorcio entre la Nueva Mayoría y Andrés Velasco, al considerarse éste como víctima de una persecución política por haber criticado el proceso de reformas (en verdad, nunca fue de centroizquierda el caballero, pero bueh...).

¿Pero cuál es el problema? ¿Que el Grupo Penta haga donaciones a políticos? No, porque de una u otra manera una empresa siempre va a aportar. ¿Que en un contexto de aportes a políticos el Grupo Penta haya cometido fraude al FUT, o sea, un delito tributario? Aunque debe investigarse y sancionarse, es algo que va más allá. ¿Que los partidos políticos reciben aportes reservados? No. ¿Que el mecanismo de financiamiento público no sirve? Tampoco. ¿La falta de fiscalización en la materia? Menos. ¿La falta de honestidad de los protagonistas? Cuéntense una de vaqueros.

El problema está en la relación entre el dinero y la política. Mejor dicho, en cómo un grupo económico de importancia tiene una relación tan directa con un partido político.

Es cosa de ver la reacción uniforme que tuvo la UDI al hacerse público este caso: que ellos no han recibido ningún dinero irregular, que el SERVEL visó todos estos aportes (sí, el SERVEL denunciando fraude al FUT), que los señores Délano y Lavín son unas tremendas personas y que todo esto es una operación para desviar la atención de lo mal que lo está haciendo este gobierno. Nunca había visto una defensa de un partido hacia una empresa tan descarada como ésta, pero se entiende dentro de un contexto en el que Penta le aporta cientos de millones de pesos al partido gremialista.

Si bien los políticos son seres humanos como todos nosotros, al ser electos en un cargo representativo, ellos deben tratar de tomar decisiones a partir de sus convicciones pero sin mayor influencia sobre ellos que la de un ciudadano común en su vida normal. Por ello, existen una serie de normas para evitar los conflictos de intereses, para regular el lobby y, en lo particular, para evitar que empresas nacionales y extranjeras incidan en su trabajo de manera gravitante mediante el financiamiento de sus campañas y demás actividades. Sin embargo, seguimos teniendo serios conflictos de interés en nuestro Congreso, sobre todo cuando se trata de leyes que versan sobre recursos naturales; tenemos una Ley del Lobby a entrar en vigencia en Noviembre, que esperemos cumpla con evitar que las decisiones políticas sean fruto de negociaciones oscuras e intereses ajenos al bien común; y sobre el financiamiento... bueno, tenemos una empresa subsidiaria de Penta en ambas cámaras.

Es éste el contexto que se requiere reformar profundamente, más que el simple aporte de privados en la política, pues ¿de qué nos sirve limitar los aportes que Penta pueda hacer a la UDI si luego Penta me informa que creará 1.000 nuevos empleos bajo la condición que voten tal o cual ley? ¿De qué nos sirve cambiar las formas en las que Penta pueda aportar dinero si tenemos a 5, 10 o 20 diputados que han trabajado para Penta en el pasado y podrían volver si dejan de ejercer? Por esto, cualquier acuerdo sobre financiamiento se hace inútil si no se analiza también los conflictos de interés existentes en los poderes públicos y no se fiscaliza debida y públicamente el lobby.

Mi seria duda pasa por los que se hacen los buenos en esta pasada. La Nueva Mayoría, otrora Concertación, al verse limitada por los aportes privados, siempre ha buscado un aumento del aporte público. Con la reforma en la que el SERVEL reembolsa los créditos obtenidos por políticos según sus votaciones, se mejoró en la materia pero sólo supeditado al éxito electoral, lo que limita el ingreso de partidos minoritarios, regionales o independientes. Existiendo ahora la oportunidad de reformar, no tengo claro si la coalición de centroizquierda buscará realmente una actividad política más responsable y abierta a la ciudadanía o si buscará beneficiar su situación en desmedro de la Alianza.

Para terminar, algunas ideas que me parecen positivas para limitar la relación entre el dinero y la política y que se aplican en Canadá: las personas jurídicas y los extranjeros tienen prohibido hacer aportes a partidos y a candidatos; sólo las personas naturales pueden aportar hasta un máximo anual de CAD 1.200 (unos $ 620.000, aproximadamente) a un partido político, a un precandidato, a un candidato o a asociaciones relacionadas con dicho partido, teniendo una deducción de impuestos a la renta proporcional a dicho aporte; todos los aportes que un partido, candidato u organización reciba sobre los CAD 200 (unos $ 100.000), deberán ser informados anualmente al servicio electoral federal, montos que se harán públicos; cada candidato o partido podrá gastar hasta un máximo del 120% de una cifra calculada sobre la multiplicación de un factor por el número de personas habilitadas para votar en la circunscripción en la que se compite, perdiendo la mitad del subsidio electoral (que funciona similar a Chile) si sobrepasa dicho límite.

Seamos serios. De una vez por todas, impidamos que el dinero determine la naturaleza de nuestra democracia.

Te lo dice,

R.F.S.K.
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